Sobre militares, señalamientos, omisiones, justificaciones…

AutorPatricia Davila

El Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, dio a conocer el 18 de agosto, omite la actuación de los integrantes de las Fuerzas Armadas durante la noche de Iguala. Se limita, en unas cuantas líneas, a lo ya sabido: que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin.

Fuera del documento, una semana después acusó al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, de ordenar el asesinato y desaparición de seis normalistas. Encinas exime a cualquier otro mando.

Pero a diferencia de esa acusación, la orden de detención contra Rodríguez Pérez, quien en 2015 ascendió a general brigadier, se emitió por delincuencia organizada debido a sus supuestos vínculos con el grupo Guerreros Unidos.

Junto con esa orden de detención, que se ejecutó el 27 de agosto, se giraron las del subteniente Fabián Alejandro Pirita y el sargento Eduardo Mota, por su presunta vinculación en la desaparición forzada y con la delincuencia organizada. Al capitán Crespo, preso desde 2019 por delincuencia organizada, se le añadió el delito de desaparición forzada.

Esa es la versión oficial del gobierno de López Obrador, a la que se apegó la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de la que Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la propia FGR, el día 18 de agosto había solicitado a la justicia federal órdenes de aprehensión contra 83 personas, 20 de ellas militares.

El mismo día Encinas presentó el informe de la Covaj en el que omite acusar a elementos del Ejército. Inesperadamente, el 26 de agosto, durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Encinas abordó lo que omitió en más de 400 páginas de su informe: dijo que el personaje conocido como El Coronel en realidad era el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, José Rodríguez, a quien responsabilizó de la muerte de seis de los estudiantes.

La red que no se investigó

El informe de Encinas pasa por alto la recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se establece que la red de militares en torno a los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas va más allá del general brigadier. Su probable responsabilidad no forma parte del informe de Encinas.

Además de Rodríguez Pérez...

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