Las mentiras sobre Ateneo
| Autor | Netzai Sandoval Ballesteros |
No existe un derecho al uso de la fuerza pública, sino atribuciones legales sujetas a límites como la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos. Peña exhibe así su forma de entender el ejercicio del poder, que sería para él un "derechoH del gobernante y no una obligación legal sujeta a controles y responsabilidades.
Además, ningún abogado puede sostener seriamente que el operativo en Ateneo fue "validado" por la SCJN como hizo Peña en la Ibero. Eso resulta insultante para la memoria del respetado ministro José de Jesús Gudiño Pela-yo, quien elaboró el dictamen del caso. La Corte jamás validó lo ocurrido en Ateneo. Al contrario.
Cualquier persona puede consultar el primer resolutivo de dicha instancia, el cual indica: "En los hechos acaecidos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Ateneo, ambos del Estado de México, que fueron materia de la presente investigación, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales^. Además la SCJN identificó a miles de servidores públicos, tanto federales como locales, como involucrados en esas violaciones, e identificó el uso de agresiones sexuales como instrumento de tortura. Esto no es precisamente "validar". La justificación de Peña Nieto para pedirle a la Corte que no lo incluyera en la lista de funcionarios responsables de esta violación grave Hpues había ordenado el operativo del 3 y 4 de mayo- se basó en que se proponía lograr objetivos legítimos: desbloquear la carretera Tex-coco-Lechería, rescatar a los servidores públicos que presuntamente habían sido retenidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y devolver el orden al poblado.
Sin embargo, ese operativo, desde su simple concepción y orden (que Peña Nieto reconoce como decisión suya, tanto frente a la SCJN como ante los estudiantes de la Ibero), no fue proporcional, y por lo tanto la decisión de ejecutarlo violaba en sí misma los derechos humanos. No fue proporcional porque la investigación de los delitos Bcomo la posible privación ilegal de la libertad de algún servidor público, cuya ubicación era central en el operativo corresponde al Ministerio Público y no a los policías.
¿En qué país podría aceptarse que ante el posible secuestro de una persona se monte un operativo con miles de elementos policiacos realizando allanamientos casa por casa, hasta encontrar al retenido? La liberación de una persona se realiza con investigación e inteligencia, no con cáteos indiscriminados como los que se ordenaron...
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