Memorias sociales y Estado en Santa Fe, Argentina, 2003-2008
| Autor | Luciano Alonso |
| Páginas | 27-47 |
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El presente trabajo se inscribe en las acciones del Proyecto CAI+D 2006 Acción y dispositivos de control social en el escenario santafesino, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, y es derivación de los temas tratados en una tesis de maestría con orientación en sociología política dirigida por el doctor Waldo Ansaldi.
Luciano Alonso. Profesor asociado ordinario de las Universidades Nacionales del Litoral (Santa Fe) y de Rosario (Rosario), Argentina. Departamento de Historia/CESIL-Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria Paraje El Pozo, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: lalonso@fhuc.unl.edu.ar.
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Cómo puede medirse el éxito o fracaso de un movimiento social en el marco de una determinada estructura de oportunidades políticas? ¿Es la progresiva institucionalización de alguna de las cuestiones por las que pugna el actor colectivo un índice de su reconocimiento social o la inclusión de sus demandas en la normalidad política lleva necesariamente a diluir sus cualidades de innovación y movilización? Sin duda, las respuestas que se den a esos problemas generales deben ser matizadas en función de contextos y temáticas concretas. Pero la aceptación parcial por parte de algunas agencias estatales de las demandas del movimiento por los derechos humanos en la República Argentina es un buen ejemplo de la forma en la cual las estructuras de dominación incorporan sesgadamente aspectos desarrollados por las agencias de resistencia, desactivando su potencial de subversión del orden y de construcción social alternativa. Esto es, de cómo el reconocimiento puede suponer un debilitamiento.
Contra una lectura simplista de esos procesos debe señalarse que aquello que generosamente llamamos “Estado” se encuentra fragmentado en dimensiones y densidades muy diversas, además de estar cruzado por proyectos y vínculos personales o colectivos e interpenetrado con asociaciones secundarias o empresas privadas. A su vez, actores contestatarios o al menos disidentes tienen posibilidades de aprovechamiento de instituciones de nivel inferior, muchas veces a contrapelo de las líneas políticas definidas desde los altos cargos de conducción. El Estado se (de)muestra así como un momento de la relación de fuerzas o como un campo configurado en función de pujas específicas, pero no como un actor corporativo o burocrático uniforme.1
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En el campo específico de las políticas de memoria sobre la represión del ciclo de movilizaciones populares de 1960-1970, diversas formas de intervención fueron adoptadas en los niveles nacional, provincial o local del Estado argentino por agencias encuadradas en la órbita de los respectivos poderes ejecutivos o legislativos, que se articularon con o se diferenciaron de los regímenes de verdad promovidos por el movimiento de derechos humanos o establecidos mediante procedimientos judiciales ordinarios o sui generis (como los “juicios por la verdad”).2 Todo ello, sin dejar de advertir que distintas dependencias estatales como reparticiones administrativas, escolares o militares tuvieron sus propias tendencias y formas de intervención en la materia por fuera de las decisiones de gobierno.
En las presentes páginas se analiza el desarrollo de homenajes a víctimas del terror de Estado desplegado en la década de 1970 y/o a militantes del movimiento social aludido en la ciudad de Santa Fe –ubicada en la zona del Litoral argentino–,3 hacia el periodo 2004-2008. Encuadrado en estudios más generales sobre la historia reciente del movimiento por los derechos humanos y su relación localizada con distintas dimensiones del Estado, este trabajo propone un acercamiento de corte etnográfico con técnicas de observación participante para identificar los nuevos componentes de un proceso de implicación del Estado en la producción y circulación de memorias sobre la represión.4 El estudio de los modos de escenificación puede mostrar laPage 30 complejidad de las articulaciones entre las agencias estatales y otros actores, a la vez que dar cuenta de la fragilidad de un movimiento social que ha sido concebido a escala internacional como un modelo de resistencia.
Por cierto que el movimiento argentino por los derechos humanos fue particularmente exitoso en instalar una noción de justicia en amplios sectores sociales y brindar a otros actores elementos para pensar sus propios reclamos y su relación con el Estado.5 Durante 25 años colaboró en la ampliación de los márgenes democráticos del Estado de derecho, llevando adelante luchas incesantes contra la impunidad de los represores y por el establecimiento de un régimen de verdad sobre lo acontecido.6 El proceso de esos conflictos políticos e ideológicos se entrelaza con el devenir de las políticas estatales respecto de la verdad, la memoria y la justicia, que desembocó en los últimos años en la asunción de esas cuestiones pendientes por el Estado nacional.
Desde la restauración republicana de 1983 en adelante no hubo una política uniforme en materia de derechos humanos ni un modo de construcción de memorias sobre el particular que no estuviera sujeto a vaivenes, negociaciones y compensaciones. Si hubo una línea hegemónica en la esfera de los gobiernos nacionales desde un primer momento, ésta fue marcada por la llamada “teoría de los dos demonios”, construcción imaginaria según la cual extremismos de signo político contrario y violencia equivalente se habrían abatido sobre una sociedad argentina desconocedora de las dimensiones del horror y mayormente ajena a la confrontación entre guerrillas izquierdistas y militares derechistas. Tal representación sirvió de base para el nuevo sentido común “democrático” hasta inicios de la década del 2000, acompañada inicialmente de medidas que buscaron desactivar la conflictividad militar exculpando a los criminales. Luego vendría la lenta emergencia de una nueva configuración imaginaria y una reactivación de las vías judiciales, enPage 31 función de una nueva relación de fuerzas en la que la corporación militar prácticamente se vio imposibilitada de actuar como tal. El acceso en 2003 a la Presidencia de la nación de Néstor Kirchner constituyó un vuelco importante en la política de derechos humanos, en tanto el nuevo jefe de Estado se presentó a sí mismo como representante de una generación golpeada por el terror militar y promovió diversas iniciativas para generar memorias críticas sobre la represión y las conductas mayoritarias de la sociedad argentina durante la década de 1970.7 Pero también es correcto afirmar que ese éxito se inscribió en una secuencia temporal mayor iniciada con gestos o acciones de gobiernos anteriores y que se superpuso, articuló o contrapuso con las actitudes de muy diferentes agencias y niveles estatales.
Esa tendencia de conjunto puede ser interpretada como un proceso de normalización e institucionalización de los reclamos del movimiento argentino por los derechos humanos. Normalización en tanto intento de inscripción de esas demandas en la normalidad política, ajustándolas a reglas propias del Estado de derecho –lo que conllevó reiteradas tensiones al pretender el tratamiento de acontecimientos excepcionales con las tipificaciones de la legalidad republicana ordinaria. Institucionalización, porque supuso la canalización e incluso reorientación de las demandas por diversas agencias gubernamentales, asumiendo modos de relación sociopolítica concretos y estables garantizados por la estructura de la dominación estatal.
El caso de la ciudad y provincia de Santa Fe no fue ajeno a este proceso general. El distanciamiento inicial de las agencias estatales locales y provinciales respecto de las demandas específicas del movimiento de derechos humanos fue cambiando poco a poco desde 1995-1996, a tono con una coyuntura nacional favorable al tratamiento de esos temas y con el impulso de una nueva etapa de movilización social, marcada por la emergencia en la localidad y en otros centros urbanos del país de la agrupación de derechos humanos Hijos por laPage 32 Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS).8 Comenzó entonces a perfilarse la instalación de esos problemas en ámbitos como el educativo, aunque recién hacia el 2003 se asistiría a la formación de agencias estatales especializadas en la materia.
En diciembre de ese año asumió por segunda vez la gobernación de la Provincia el justicialista Jorge Obeid,9 quien había sido el responsable de la Regional Santa Fe de la agrupación Montoneros en la década de 1970 y se había exiliado durante la etapa de terror abierta con el gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón y profundizada con la dictadura militar. En una anterior gestión de 1995-1999 ya había prestado colaboración a colectivos de ex detenidos y compañeros de las víctimas de la represión en lo que hacía a la búsqueda e identificación de cuerpos, pero en plena década menemista su papel fue soterrado y de escasa trascendencia. Su retorno a la primera magistratura provincial se produjo en momentos en los cuales la instalación de las memorias sobre la dictadura comenzaba a asumirse como política de Estado a escala nacional. Su segunda gestión comenzó a utilizar el lema “En Santa Fe los Derechos Humanos son una Cuestión de Estado” y se creó una Secretaría de Estado dedicada a la materia, a cargo de Domingo Pochettino durante el periodo 2003-2007.
El nuevo organismo desarrolló su accionar en un amplio espectro de temas, tomando en consideración las cuestiones relativas a la represión y sus secuelas en el marco de una concepción abarcadora de los derechos hu-Page 33manos. Además de sus acciones sobre la...
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