A medio sexenio hay crecimiento... de la opacidad
| Autor | Diana Lastiri |
En los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador las instituciones gubernamentales, organismos autónomos y otros entes obligados por la Ley General de Transparencia disminuyeron la apertura de su información, la entregaron llena de tecnicismos o simplemente decidieron no transparentar temas que por ley están obligados a abrir en sus portales electrónicos.
De acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto 2021, estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de 2019 a 2021 se registró un decremento en la apertura de la información gubernamental.
En ese periodo México atravesó por la elección más grande en la historia del país y por los peores momentos de la pandemia de covid-19, que obligó a las instituciones a cerrar puertas y a tratar de retomar sus actividades vía remota.
Estas coyunturas provocaron que el Índice de Gobierno Abierto en México para 2021 fuera de 0.48, en una escala de 0 a 1, donde 1 es un gobierno totalmente transparente y abierto. En los índices de 2017 y 2019 la calificación global fue de 0.38 y 0.52 respectivamente, por lo que 2021 registró un decremento.
El documento señala que hubo sujetos obligados que avanzaron en su calificación en general en comparación con el puntaje que obtuvieron en 2019; sin embargo ninguno de los que registraron avance es federal.
Estos sujetos son la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Fondos Guanajuato de Financiamiento, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Auditoría Superior de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Rural de Colima, el municipio de Tepehuanes (Durango) y los DIF de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Campeche.
Plataforma Nacional de Transparencia
En materia de solicitudes vía transparencia y apertura de datos por ley, el estudio señala que los sujetos obligados cumplen con las normas, pero aún hacen esperar al ciudadano largos periodos para dar respuesta, tienen las estadísticas como agenda pendiente y realizan esta labor con miras a justificarse ante órganos garantes, como el Inai, sin considerar al ciudadano.
El estudio analizó mil 365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno: 49 del federal, 870 del estatal y 446 del municipal. Fueron revisadas manualmente 2 mil 872 solicitudes de acceso a la...
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