Mayoritea Morena; avalan primera ley
| Autor | Claudia Salazar y Martha Martínez |
El bloque mayoritario de Morena recurrió al albazo en la primera ley que se discutió en la 65 Legislatura, para evitar la destitución del titular del Ejecutivo federal en un eventual proceso de desafuero.
En cambio, gobernadores y titulares de órganos autónomos, entre otros servidores públicos, sí deben dejar sus cargos.
Al amanecer del jueves se aprobó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con 266 votos a favor y 205 en contra en la votación en lo particular. Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El proyecto de decreto fue enviado al Senado, donde se espera su discusión la próxima semana.
En la nueva ley se crea un régimen especial para el Presidente de la República, que en términos del artículo 108 de la Constitución, durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Con la dispensa de trámites, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presentó la iniciativa de ley y, ante el inicio de la Legislatura y la falta de comisiones, se le dispensaron todos los trámites, sin justificar la urgencia.
En la redacción se eliminó una propuesta que en la pasada legislatura presentó el ex diputado Rubén Cayetano, donde se indicaba que en caso de desafuero el Presidente sería separado del cargo y sujeto a proceso penal.
Para proteger al mandatario, en la ley sólo se menciona que si el Senado, erigido como Jurado de Sentencia, lo encuentra probablemente responsable, en la sentencia resolverá "con base en la legislación penal aplicable".
Legisladores de oposición advirtieron que ello es un trato preferencial y distinto al Ejecutivo federal, porque el resto de servidores públicos sí serían separados del cargo en caso de desafuero.
"Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley", dice el artículo 35 sobre funcionarios federales como estatales.
Además, para el caso del Presidente, se pide reunir los votos de las dos terceras partes para su desafuero y para el caso de los demás servidores públicos, incluidos gobernadores, ministros, magistrados, jueces y consejeros electorales, basta con la mitad más uno para la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba