Matar al mensajero

AutorOlga Pellicer

La inclusión de la cláusula democrática en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos, a finales de los noventa, fueron el comienzo de un cambio. Más tarde, al ocurrir la alternancia que llevó a otro partido a la Presidencia de la República, la línea de la política exterior hacia el apoyo a las agencias de derechos humanos fue más decidido. Se ratificaron entonces convenciones y protocolos adicionales que estaban pendientes, se abrió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, se invitó a múltiples relatores especiales a visitar el país a fin de conocer e informar sobre diversos aspectos de la situación de derechos humanos.

Ese giro no fue puramente formal. La mirada externa fue considerada un factor positivo para apuntalar la naciente democracia y para contribuir a la toma de conciencia entre la ciudadanía de la importancia de los derechos humanos. A la sombra de las acciones de Naciones Unidas se consolidaron, entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil destinadas a difundir, promover y defender dichos derechos.

Los resultados han sido ambivalentes. Sin duda, hay en la actualidad una mayor familiaridad de la población con los derechos humanos. Pero ello no garantiza su mayor respeto. A partir de los problemas de violencia en el país, de la utilización del Ejército para combatir el narcotráfico y la descomposición progresiva del sistema de impartición de justicia, la violación de los derechos humanos sigue presente y en algunas partes del país empeora.

En ese contexto, los desencuentros con el Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU y las dimensiones inusitadas del enfrentamiento verbal público con el relator sobre la tortura constituyen algo más que un dislate de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones. Son una señal, por una parte, de las serias preocupaciones que suscita en la elite gobernante el derrumbe de la imagen internacional del país en materia de estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Por la otra, de lo errático de la respuesta; esta vez se decidió volver a épocas del viejo PRI, cuando voces externas, contrarias a la visión oficial, eran consideradas negativas para los intereses del país.

La campaña mediática contra el re-lator de la ONU pone fin a las formas diplomáticas conciliatorias que tradicio-nalmente maneja la SRE al dialogar con representantes de organismos...

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