El de Marisela, “crimen de Estado”
| Autor | Patricia Dávila |
El Paso, Texas.- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.
En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.
El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.
Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.
Igual que los familiares de Marisela, para Cipriana Jurado existen muchos indicios de que el crimen se cometió a la sombra del Estado: el asesino persiguió y ultimó a la señora frente al Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, de la rectoría universitaria y de la oficina de recaudación de impuestos, todos ellos recintos vigilados las 24 horas por policías.
Por si no bastara, elementos de los gobiernos estatal y federal rondan permanentemente la zona, que en estos años abunda en protestas civiles por la violencia y manifestaciones contra los asesinatos de mujeres; sin embargo, esa noche la céntrica plaza estaba descuidada. Días antes el gobernador Duarte aseguró que le había asignado escoltas a Escobedo. ¿Por qué ninguno de ellos la protegió?, pregunta Cipriana.
Lavamanos gubernamental
“Era el sábado 18 –sigue recordando Juan Manuel Frayre–. Estábamos en el velorio de mi madre cuando nos enteramos de que incendiaron el negocio de José Monge, su pareja sentimental, y de que el hermano (de José) había sido secuestrado; esa misma tarde, después del entierro, supimos que...
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