Margarita Ríos-Farjat / Atole con el dedo
| Autor | Margarita Ríos-Farjat |
Si no ha leído el artículo de Luis Pérez de Acha en la versión en español de The New York Times, hágalo.
Él es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y se queja fuerte y claro, como se espera de un ciudadano empoderado, de la vacilada que está resultando el sistema.
Esa reseña se suma a los airados reproches que desde principios de mes han estado haciendo los demás integrantes de ese Comité, acusando al Gobierno mexicano de bloquearles cualquier intento de trabajo para combatir la corrupción.
Por ejemplo, cuando quisieron información sobre el uso del software Pegasus, se las negaron diciendo que no les concernía, porque el espionaje contra civiles no es un delito de corrupción.
La negativa de informar se repitió en el caso de Odebrecht y en el del socavón del Paso Exprés; lo mismo en el caso del escándalo llamado "Estafa maestra", que haría palidecer a cualquier director de cine serio porque sus ficciones lucen infantiles en contraste con nuestra realidad.
Por tales antecedentes es posible anticipar que tampoco se le informará nada al grupo de ciudadanos que conforman ese Comité, o por lo menos nada relevante respecto al desvío de 250 millones de pesos del erario para ser usados en la campaña del PRI en las elecciones de Chihuahua el año pasado.
Fondos supuestamente dedicados a la educación, vaya forma de rubricar la cínica burla.
La explicación que el Gobierno da sobre su negativa de dar información al Comité de Participación Ciudadana raya en un purismo que va en contra de toda la lógica del sistema.
Siguiendo con los ejemplos, es correcto que el espionaje es un delito per se y no de corrupción, pero seguramente no hay partidas presupuestales para ello, así que cabe la sospecha de corrupción. En el caso de Odebrecht, si ya investiga la Fiscalía en materia electoral, ello no obsta para informar ni cabe secrecía porque vale preguntarse ¿entonces de qué se trata el sistema?
Se les contesta a los ciudadanos de ese Comité que no son una instancia investigadora, sino que su función es sólo "proponer políticas" de anticorrupción, nada más.
Esto es técnicamente exagerado porque si bien en ninguna ley se le otorgan al Comité de Participación Ciudadana más atribuciones que la de "formular o diseñar políticas públicas integrales" para combatir la corrupción, sin información práctica no pueden proponer nada que valga la pena. ¿O se trata de que hagan tratados filosóficos?
Además, esa explicación técnica...
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