María Amparo Casar / Cuestión de prioridades

AutorMaría Amparo Casar

Sería bueno que los legisladores nos revelaran y explicaran cómo van a organizar su tiempo, porque resulta que son más las reformas que han prometido que las sesiones que tendrán en el periodo extraordinario para procesarlas. Con poco más de siete semanas contadas a partir del 15 de julio, diputados y senadores deberán decidir en dónde concentrar esfuerzos. El menú es amplísimo y no hay tiempo para diseñar, negociar y votar tanta iniciativa. Mucho menos si se empeñan en que la reforma político-electoral se salte la cola y se coloque antes que todas las iniciativas que ya fueron presentadas y esperan dictamen o aquellas que ya fueron aprobadas en una de las dos Cámaras y esperan ser votadas en la colegisladora.

Para establecer prioridades pueden usarse dos criterios: el potencial transformador de las iniciativas y las demandas de la población. Ninguno de estos dos criterios favorece la priorización de la reforma política.

Prácticamente todos los temas que quedaron pendientes del periodo legislativo que acaba de terminar son más urgentes e importantes por su potencial transformador que aquellos englobados en la reforma política esbozada por los líderes del PAN y el PRD en el Senado. Pendientes quedaron: las leyes secundarias sin las cuales las reformas educativa y de telecomunicaciones serán letra muerta; la financiera que promete ampliar y abaratar el crédito; la de transparencia que haría sujetos obligados a partidos y sindicatos; la de deuda de estados y municipios que impediría el abuso y discrecionalidad de los gobernadores; la comisión anticorrupción y el fuero para frenar abusos y privilegios de funcionarios públicos; la del IMSS que acabaría con la práctica de sub-reportar salarios y que daría al Instituto 3,000 millones de pesos; la del código penal que ayudaría al acceso a la justicia; las reglamentarias de las candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.

Si nos movemos al criterio del sentir de la población y la obligación de los políticos de responder a sus demandas, la reforma política tampoco se revela como prioritaria. Hace ya tiempo que las encuestas muestran que las dos grandes preocupaciones de la población tienen que ver con la economía -empleo, remu-neraciones, precios, seguridad social, acceso al crédito- y con la seguridad. En consecuencia, la prioridad de los legisladores debería estar en aquellas reformas que de una u otra manera puedan incidir en la mejoría de los...

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