María Amparo Casar / Notoria ineptitud

AutorMaría Amparo Casar

La emisión o adecuación de las leyes reglamentarias que siguen a una reforma constitucional son la oportunidad para atenuar errores y corregir omisiones pero también para ahondarlos y reiterar las intenciones de los legisladores.

Uno de los principales pecados de la reforma electoral recién aprobada fue vulnerar la autonomía e independencia del IFE a través de la remoción anticipada de los consejeros y de la creación de una Contraloría interna cuyo titular será nombrado por los propios diputados. Las leyes secundarias que ahora se redactan podrían expiar este pecado y reparar en algo el daño pero los borradores que circulan indican lo contrario.

Los órganos autónomos lo son en razón del método de nombramiento y remoción de sus titulares y de su capacidad de tomar decisiones con independencia de los actores a los que tienen que regular. La reforma constitucional recién publicada dice poco sobre lo primero y limita la segunda.

Consumada la remoción de los consejeros, puede aprovecharse la oportunidad -aún hay tiempo- de fijar nuevas reglas para su nombramiento y remoción. No basta, como están haciendo los legisladores, con transparentar el método. Hace falta corregirlo: despartidizar la selección e introducir candados que impidan a los partidos destituir a los consejeros cuando no les acomode su actuación.

Pero ésta no es la ruta que parecen estar escogiendo los legisladores. La inminente elección de los nuevos consejeros quedará -por obra de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso- en manos de los líderes de los partidos en la Cámara de Diputados. Peor aún, no hay consideración alguna a propuestas sensatas y viables para poner fin a las cuotas partidarias y a la tentación de que los consejeros no tengan más remedio que actuar bajo el temor permanente a ser removidos.

Por si esto fuera poco, se añaden dos agravantes: ampliar las facultades de la Contraloría e introducir causales explícitas pero de libre interpretación para la remoción de los consejeros.

Según la Constitución la nueva Contraloría estaría encargada únicamente de la fiscalización de los ingresos y egresos del IFE. Pero ahora resulta que en el proyecto de reglamentación que circula, sus funciones van mucho más allá.

En el borrador del Libro Séptimo que regula a los sujetos y conductas sancionables hay un apartado referido a las responsabilidades de los servidores públicos del IFE incluidos, desde luego, los consejeros. Ahí se estipulan 11 causas de responsabilidad y 6 tipos de...

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