MarÃa Amparo Casar / Ahà vamos
| Autor | MarÃa Amparo Casar |
Producto de un esquema de organización acordado entre los partidos y sobre todo bien ejecutado, la Ley para la Reforma del Estado puede dar muy pronto su primer resultado: la reforma electoral.
Los legisladores han decidido dar prioridad a lo electoral y el proceso de negociación se ha echado a andar a partir de un documento base encargado por la Comisión Ejecutiva de la Reforma del Estado al Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), dirigido por Jorge Alcocer. Un documento que recoge las propuestas de los partidos, de los foros de consulta, de buena parte de las iniciativas que se fueron quedando en la "congeladora" del Congreso y de iniciativas ciudadanas.
La reforma propuesta busca solucionar tanto las insuficiencias, inconveniencias e inoperancias que se han ido revelando a lo largo de una década de operación de la ley vigente como restañar las heridas que dejó la elección de 2006. Aun cuando la discusión de este documento suscitó algunas reservas entre el grupo de legisladores encargados de negociar posiciones y construir acuerdos, el proceso está en marcha y al propio CEPNA se le ha encargado avanzar en los "textos normativos" que eventualmente se convertirán en iniciativas de ley.
El documento aborda, en primer lugar, las precampañas, campañas, acceso a medios y financiamiento y propone soluciones a los principales problemas encontrados en el camino. Se regulan las precampañas fijando su duración, estableciendo topes de gasto, reglas de transparencia y rendición de cuentas y prohibiendo la contratación de espacios publicitarios. Por su parte, se recorta la duración de las campañas a 90 días en las presidenciales y 45 en las intermedias, y se apunta la posibilidad de compactar los calendarios electorales.
En cuanto al acceso a medios se identifican tres modelos. En el primero se permite la contratación pagada de espacios de TV y radio pero se designa como encargado exclusivo de la misma al IFE. Además se establecen topes de gasto y la fiscalización inmediata. El segundo es un modelo basado en el uso de "tiempos públicos" que prohíbe la compra de propaganda y el tercero, un sistema mixto. Se propone, además, impedir a los servidores públicos utilizar las campañas de comunicación para promoción personal e introducir sanciones para hacer efectiva la norma que prohíbe a terceros difundir mensajes a favor o en contra de partidos o candidatos.
Para el financiamiento público ordinario se sugiere transitar a un esquema...
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