Luis Rubio / Verdades de a kilo

AutorLuis Rubio

"Los hombres nunca hacen el bien excepto por necesidad; pero cuando gozan de los medios y libertad, todo lo llenan de confusión y desorden", afirmó Maquiavelo en sus "Discursos".

Así parece el debate en torno a la legalización de la mariguana. Me parece que se mezclan y confunden tres temas que deberían ser entendidos, cada uno, en su justa dimensión.

Primero está el asunto elemental de la libertad de cada persona de hacer con su vida lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros.

Ese principio debería regir cualquier decisión en materia de reglamentación y control, en cualquier ámbito, y el de las drogas no es distinto. El proyecto aprobado esta semana es, en este sentido, impecable.

Un segundo asunto es el hecho de que la prohibición no ha evitado que las drogas se produzcan o consuman. Lo único que ha logrado es la conformación de enormes narcoconsorcios que todo lo corrompen y la violencia que va de la mano.

Por otra parte, una cosa es la prohibición al consumo de determinados bienes y otra muy distinta es la responsabilidad de un Gobierno de mantener la paz en su sociedad. El crimen organizado prolifera en todas las sociedades, pero no sólo por las drogas: también están el secuestro, el robo, la piratería, el juego y un sinnúmero de negocios ilícitos que igual tienen que ser combatidos.

Eliminar las drogas de la ecuación obviamente contribuiría a disminuir el poder del crimen organizado, pero en nada cambia la responsabilidad del Estado de combatirlo.

Finalmente, el tercer tema es el de la seguridad pública, que tiene que ver con la calidad y fortaleza del sistema de Gobierno con que cuenta una sociedad y que se observa en todo: en la continuidad de las políticas y programas gubernamentales, en el estado de la educación, en la calidad de la infraestructura, en la administración de la justicia y en el respeto de que goza la policía.

Un Gobierno fuerte es uno que no cambia con los vientos políticos, sino que más bien funciona dentro de un contexto de leyes que efectivamente limitan, a través de pesos y contrapesos, el actuar de los políticos que entran y salen del poder de manera regular.

El punto nodal es que la despenalización del consumo de un enervante no tiene nada qué ver con la seguridad pública: ésta depende de la calidad del Gobierno.

Aunque es obvio que la potencial disminución de las ganancias de los traficantes podría contribuir a una menor inseguridad, se trata de dos asuntos distintos.

En nuestro caso, para que...

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