López Obrador y la institucionalidad democrática
| Autor | John M. Ackerman |
Entre todas las calumnias y mentiras que cotidianamente se lanzan desde las altas esferas del poder económico y social contra Andrés Manuel López Obrador, la que ofende más a la inteligencia y la lógica es la acusación de que la llegada del tabasqueño a Los Pinos implicaría una amenaza para la institucionalidad democrática del país.
Los adversarios del futuro candidato presidencial de Morena no se cansan de acusarlo de ser un "populista" que supuestamente no respeta las leyes o la división de poderes. Advierten que como presidente podría actuar como un pequeño dictador que no permitiría ningún límite a su poder y aplastaría a sus adversarios. Más vale malo por conocido que bueno por conocer, reza esta perversa lógica conservadora y derrotista.
El primer error con este enfoque es que supone que México hoy gozaría de algo que podría llamarse "institucionalidad democrática".
Habría que hacernos una serie de preguntas serias al respecto: ¿Existe alguna institución del Estado mexicano que hoy funcione correctamente de acuerdo con su mandato constitucional o legal? ¿La Suprema Corte imparte justicia? ¿Las fuerzas armadas protegen al pueblo? ¿La Presidencia de la República fomenta el bienestar de los mexicanos? ¿El Congreso de la Unión legisla a favor del interés público? ¿La Procuraduría General de la República combate la impunidad? ¿La
Secretaría de Relaciones Exteriores defiende la soberanía nacional? ¿Los institutos electorales garantizan comicios libres, limpios y auténticos?
Muy difícilmente podríamos contestar, en buena fe, a cualquiera de estas preguntas en lo afirmativo. Nos encontramos hoy en medio de una enorme crisis histórica de efectividad y de credibilidad de las instituciones públicas.
No es necesario esperar, entonces, hasta después de las elecciones presidenciales de 2018 para saber cómo sería vivir en una situación de colapso total de la institucionalidad democrática. Enrique Peña Nieto, y el régimen prianrdista que lo respalda, ya ha avanzado demasiado en este sentido.
Recordemos cómo Peña Nieto violentó la división de poderes desde el primer día del sexenio con su Pacto por México, atropellando todos los procedimientos parlamentarios con el fin de lograr la aprobación relámpago de la privatización del petróleo y la electricidad.
El régimen actual tampoco respeta las leyes del país. La corrupción desbordada y la impunidad desenfrenada demuestran claramente que quienes hoy gobiernan no tienen ningún respeto por las instituciones...
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