Libertad de expresión bajo amenaza
| Autor | Jesús Cantú |
El de 2017 fue uno de los años más violentos: 12 periodistas asesinados, uno por mes, en promedio; y este año ya van cuatro y no hay garantía de que el índice criminal disminuya.
En los últimos tres sexenios según estas cifras, cada presidente supera el número de asesinatos de periodistas a su antecesor, pese a que los tres mandatarios -Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto- y sus voceros expresaron al iniciar su gestión un profundo respeto a la libertad de expresión.
Las cifras no mienten: de 2000 a diciembre de 2016, cada 57 días cayó un periodista; pero de enero de 2017 la incidencia criminal fue de 31 días; es decir, se aceleró. A principios de abril pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló que los 12 comunicadores ejecutados en 2017 colocan a México como el país latinoamericano con el mayor número de ejecuciones.
Y aun cuando en la mayoría de los casos las indagatorias y los testimonios de los detenidos implican al crimen organizado, en su informe correspondiente a 2017 la organización Artículo 19 contabilizó 226 agresiones el año previo, en el que participaron funcionarios, y sólo 17 que señalan a las bandas delincuencia-les. Eso indica que desde el poder público también se agrede sistemáticamente a los periodistas.
La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), creada en 2010, ha servido de muy poco. En un informe entregado en abril del año pasado, la dependencia indica que en sus siete primeros años atrajo 48 casos y sólo emitió tres sentencias condenatorias.
Esos números indican la inoperancia de la fiscalía, ya que atiende muy pocos casos en relación con las agresiones al gremio periodístico. Y de los pocos que atrae, no baja mucho el índice de impunidad, pues resuelve apenas el 6%, que ciertamente es más de lo que hace la Procuraduría General de la República, pero sigue siendo muy bajo si se considera que el 94% de los infractores nunca son castigados.
En los últimos años en México siempre que un delito empieza a conmocio-nar al país -y se convierte en un tema de atención especial en la agenda pública-, se crea una Fiscalía especializada para combatirlo. Hay al menos cuatro casos identificados en este sentido: la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE); la Fiscalía Anticorrupción; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la ya citada FEADLE.
Sin duda es una respuesta mediática...
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