Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de compettitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior., de 17 de Octubre de 2013

Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN México, DF, a 16 de octubre de 2013. Secretarios de la Cámara de Diputados Presentes

Hago de su conocimiento que se recibió de los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

El Presidente de la Mesa Directiva, acordó asignar turno directo de la referida iniciativa a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 163.2 y 176 del Reglamento del Senado. Atentamente Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica) Vicepresidenta

Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernandez y Daniel Ávila Ruiz, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos ordenamientos legales en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior. Exposición de Motivos

En reconocimiento a la necesidad imperante de todos los países del mundo, por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y de los que nos encontramos en vías de desarrollo, por erradicar la pobreza como prioridad en las decisiones de política pública de los gobiernos, además de la estrecha relación que tienen con el uso racional de los recursos naturales, con la capacidad de las sociedades para mejorar el bienestar de las personas y promover el desarrollo, se habla de la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible.

Mantendrán los recursos naturales, resalta al menos dos temas. Primero, que no se puede hablar de economía verde independientemente de acciones directamente ligadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables; y segundo, que no puede existir una economía verde si los patrones de consumo y producción no garantizan la mejora en el ambiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los beneficios sociales estén presentes en corto, mediano y largo plazo.

Bajo estas premisas entonces, la economía verde es la que mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la depresión ecológica. Se convierte en una herramienta fundamental para transitar a un desarrollo económico de baja huella de carbono así como un mecanismo que utiliza los recursos de forma eficiente siendo además es socialmente incluyente.

Es de suma importancia remarcar que el concepto de "economía verde", creado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el año 2008, ante la crisis económica mundial, no sustituye al de "desarrollo sostenible", sino que es una ruta a tomar para alcanzarlo. El camino concreto no es igual para todos los países, sino que depende de la situación y perspectivas específicas de cada uno.

La falsa creencia de que los recursos naturales no tienen límites es la falta de reconocimiento de que la sociedad dispones de bienes y servicios naturales para promover su bienestar (como agua de ríos, lagos y el subsuelo, beneficios de los ecosistemas agrícolas que resultan en la producción de alimentos, aire limpio; y una infinidad más) pero que no retribuye a la naturaleza, ni la provee de los medios y tiempos necesarios para recuperar o regenerar eso que tomó.

Para corregir esta práctica errónea y las consecuencias que ha provocado, es necesario comprender la importancia de los bienes y servicios que provee la naturaleza, y el hecho de que muchos de esos bienes y servicios entran en una dinámica de mercado que no ha incorporado el costo ni el beneficio que tienen para la sociedad el asegurar que la naturaleza pueda seguir proporcionando dichos bienes y servicios.

Reconociendo que los países tienen una gama muy variada de condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales, resulta evidente que no es posible aplicar un mismo conjunto de estrategias para lograr transformar una economía hacia una más respetuosa con el medio ambiente, baja en emisiones de carbono e incluyente socialmente hablando. Es labor de los gobiernos establecer las condiciones que consideren necesarias que permitan a su país asegurar en el corto, mediano y largo plazos, la erradicación de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida y la conservación de la naturaleza.

Igualmente, es responsabilidad de los estados definir, aplicar, promover y coordinar las acciones necesarias dentro del contexto específico de su país, para llevarlo hacia un desarrollo sostenible en el plazo más corto posible.

La transición a una economía verde no es un obstáculo para el desarrollo y la industrialización, generando condiciones que los puedan atrasar. Por el contrario, una economía verde está destinada a promover la industrialización basada en la eficiencia de recursos, asegurando un acceso fiable, local y asequible a la energía y la tecnología, así como mejorar la .eficiencia en el uso de los recursos que podría mejorar la competitividad.

Aunque el concepto de economía verde aún no ha sido adoptado al cien por ciento en sus políticas públicas, México es uno de los países más avanzados en la materia, aseguran expertos 1 . "El gobierno ha hecho muy bien la tarea de poner en la mesa el tema y de llevarlo a todos los foros internacionales en los que participa y también de generar marcos regulatorios y políticas públicas". "Por otro lado, las empresas ya han aterrizado esfuerzos muy significativos y han sido una especie de motor de las iniciativas en la materia, eso ha hecho que México esté muy adelantado en el tema, incluso más que naciones desarrolladas y otros países emergentes". La vinculación que se ha dado entre el sector público, privado y las organizaciones no gubernamentales ha sido fundamental en este proceso.

En función de lo anterior, es que México ha promulgado en los últimos años diversos ordenamientos legales que precisan el cumplimiento de regulaciones en materia ambiental como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Cambio Climático, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental entre muchas otras leyes aplicables a todos los sectores de producción nacional de manufacturas. Adicionalmente, se han implementado diversos Acuerdos Internacionales como el de Basilea (eliminación de bifenilos policlorados), Estocolmo (eliminación de Compuestos orgánico persistentes, incluyendo a los bifenilos policlorados), Montreal (eliminación de los clorofluorocarbonos) y el Protocolo de Kioto (emisiones a la atmósfera), logrando los objetivos a través de la emisión y cumplimiento de normas oficiales mexicanas que se derivan de estos compromisos internacionales asumidos. Ejemplo de esto es que el país ha logrado que en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero, el promedio mundial de 4.7 ton C02/per cápita sea 27 por ciento superior al promedio mexicano de 3.7 ton C02/per cápita 2 . Hay países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o Australia que emiten de 4 a 5 veces más C02/per cápita al año. México está por debajo de la meta a la que muchos países desarrollados aspiran para el año 2050 3 .

De acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Kioto, por ser México un país en vías de desarrollo no está obligado a reducir sus emisiones de bióxido de carbono y sin embargo contamos hoy con una Ley General de Cambio Climático y una propuesta de impuestos verdes al consumo de todos los combustibles fósiles convirtiéndonos en punta de lanza respecto del resto de los países de mundo. Lo anterior ha tenido un costo para el país, por ejemplo, el esfuerzo realizado por la industria ante una política energética basada en el uso del gas natural representa hoy la importación del 30 por ciento del volumen de consumo nacional con pérdida de divisas por mil 216 millones de dólares en 2012 4 así como, paros productivos en la industria nacional ante la falta de un abasto de gas natural, derivado del incremento de la demanda del mismo, siendo esta cifra muy cercana al monto que se estima recaudar como resultado de la propuesta de creación del impuesto verde, aún y cuando México es un país que aporta únicamente el 1.6 por ciento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial 5 . Adicionalmente la falta de infraestructura para la distribución del gas natural ha afectado la competitividad e incrementado las emisiones atmosféricas, por la ineficiente distribución vía terrestre, tal es el caso que solo en el estado de Texas en los Estados Unidos existe una red de distribución de 600 mil kilómetros, cuando en nuestro país es de aproximadamente 9 mil kilómetros. La creación de infraestructura para incrementar políticas de eficiencia energética es fundamental aportando desarrollo económico y generación de empleos.

Es indispensable mencionar que las disposiciones medioambientales nacionales no exigen su cumplimiento a los productos que se importan de otros países y que ingresan al mercado mexicano...

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