Cuando la ley lo permite
| Autor | J. Jesús Esquivel |
Washington.- La llamada “matanza de Tucson” –en la que fueron asesinadas seis personas y herida la legisladora federal demócrata Gabrielle Giffords– puso en la palestra un problema cuya solución de fondo ha sido pospuesta por el Congreso estadunidense: las reformas a las leyes que permiten de manera casi indiscriminada la venta y portación de armas de fuego.
Los legisladores se encuentran maniatados por la industria de las armas, cuyos representantes y cabilderos desembolsaron millones de dólares para financiar campañas electorales de candidatos tanto republicanos como demócratas que ganaron asientos en el Capitolio durante las elecciones de noviembre pasado.
El sábado 8 en Tucson, Arizona, Jared L. Loughner, un hombre de 22 años con trastornos mentales, conmocionó a la sociedad estadunidense cuando disparó a diestra y siniestra durante un evento organizado por Giffords, quien recibió un tiro en la cabeza. El saldo: seis muertos y 14 heridos.
“Lo de Tucson es un hecho lamentable y abominable, que refleja los riesgos que implica tener leyes que prácticamente hacen posible que incluso personas con problemas mentales compren un arma de manera legal”, expone un comunicado que la Coalición para Detener la Violencia de las Armas (CSVG, por sus siglas en inglés) envió por correo electrónico al corresponsal.
La masacre de Tucson tuvo repercusiones inmediatas en los pasillos del Capitolio, donde algunos colegas de Giffords manifestaron que era urgente revisar la legislación regulatoria de la venta de armas. Por el contrario, otros plantearon que no debía hacerse juicios apresurados de un incidente aislado que afecte el derecho de comprar y portar armas consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política.
“El dinero que invierten los defensores de las armas en las campañas de los legisladores es mucho, y eso hace más difícil nuestra lucha, pero ahora le tocó ser la víctima a una congresista federal y eso puede cambiar las cosas”, anota la CSVG.
De acuerdo con cifras actualizadas acerca de los gastos en cabildeo realizados por los defensores de la venta y portación de armas, durante 2010 estos grupos desembolsaron 3 millones 906 mil dólares para que se mantenga intacto al artículo 2 de la Constitución. En contraste, las agrupaciones opuestas a la venta de armas gastaron en ese mismo periodo unos 180 mil dólares para promover su causa.
Las investigaciones federales sobre la masacre de Tucson revelaron que al no tener antecedentes penales y a pesar...
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