Ley de Archivos, diseñada para la impunidad
| Autor | Jesús Cantú |
El 18 de julio pasado, Peña Nieto promulgó la legislación que le da vida a dicho sistema. En ese acto pidió disculpas a los mexicanos por la indignación que desató la llamada Casa Blanca: "No obstante que me conduje conforme a la ley, este error (...) lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno".
Pero el mayor problema es que el presidente y sus legisladores lograron minar todos y cada uno de los subsistemas que componen el SNA para asegurar su fracaso y, por lo tanto, garantizar su inmunidad.
Promulgaron una Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que fue catalogada en septiembre pasado por el Centro para la Ley y la Democracia como "la mejor ley del mundo" en la materia... pero se aseguraron de conformar un órgano de gobierno del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) que fuera "cómodo, manejable y tolerable" (Proceso 1957) para las autoridades y sus socios.
Quienes pergeñaron el sistema "soltaron" la presidencia del Comité Coordinador del SNA, pero se aseguraron de conservar el poder al rodearlo de funcionarios públicos que, aunque sujetos a procesos de designación legislativa, resultan controlables y leales: allí estarán el presidente del INAI; la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, priista y fiel servidora del presidente; el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que será designado por el fiscal general, Raúl Cervantes, priista, primo del consejero jurídico de la Presidencia y abogado de Peña Nieto cuando fue candidato presidencial.
Y, desde luego, también se cuidaron muy bien de limitar las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana. Así honraron la palabra presidencial de promulgar la normatividad necesaria, pero se aseguraron de que el SNA "no cumplirá con los objetivos establecidos formalmente en las exposiciones de motivos de las iniciativas y dictámenes respectivos y, por ende, no reducirá ni la corrupción ni la impunidad" (Proceso 2068).
Para ponerle el último clavo al ataúd del SNA, se disponen a aprobar una Ley General de Archivos que, entre otras cosas, deja el control del Consejo Nacional de Archivos a la Secretaría de Gobernación, la valoración de los documentos a los mismos sujetos obligados, y no establece límites temporales para la caducidad de la divulgación de los datos personales ni para las transferencias de los documentos a los archivos históricos.
Estos "detalles" pueden provocar que, con...
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