Ley de Amparo: el doble filo
El lunes 11, en una comida con senadores del PRD, el director de Información de Grupo Televisa y estratega jurídico de la empresa, Javier Tejado Donde, advirtió a los legisladores de izquierda: "A nosotros no nos preocupa la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Vamos a aceptar la competencia. Es más preocupante la reforma a la Ley de Amparo que van a aprobar en la Cámara de Diputados. Le van a dar todo el poder a Peña Nieto. Le darán un poder ilimitado".
Tejado, articulista cuyos textos se publican en El Universal, dijo que se iba a generar un "encontronazo" entre las dirigencias empresariales, que para esa hora ya manifestaban en los principales noticiarios de radio y televisión su oposición a una parte de esa reforma.
La cúpula empresarial encabezada por Claudio X. González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios -que reúne a los 36 grupos económicos más fuertes del país- y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, hicieron su último esfuerzo para frenar las modificaciones a las fracciones XI y XIII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Se reunieron al mediodía del lunes 11 con el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. Querían parar el cambio pero el exgobernador de Hidalgo les dijo que ya no podía dar marcha atrás a la iniciativa.
Para el sector empresarial y los grandes concesionarios el problema no era toda la iniciativa aprobada en el Senado en octubre de 2011, sino las modificaciones al artículo 129 que prohiben la figura de la "suspensión del acto reclamado" cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio público referidos en el artículo 27 constitucional, es decir petróleo, agua, espectro radioeléctrico, minas, ferrocarriles, aviación, etcétera.
Eliminar la figura de la "suspensión" fue una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos al gobierno de Peña Nieto. El exsecretario de Hacienda José Ángel Gu-rría la cabildeó con la nueva administración y se incorporó en el texto del Pacto por México, firmado con las dirigencias del PAN y del PRD.
El compromiso 80 del Pacto lo estableció así, genéricamente: "Se llevará a cabo una reforma integral a la Ley de Amparo para hacerla compatible con las recientes reformas constitucionales".
Lo que ninguno de los dirigentes del sector empresarial esperaba era que en la sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del miércoles 6 se incorporaran las modificaciones al artículo 129. Legisladores del PAN, PRD y PT expresaron su preocupación por que el PRI pretenda otorgarle un "garrote" al titular del Ejecutivo para actuar contra televisoras, telefonía, bancos, compañías aéreas, transporte federal, minas, energía y todos los que legal-mente exploten los llamados bienes de la nación estipulados...
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