Justicia sometida
| Autor | Héctor Tajonar |
"Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por disposición de las normas, el poder frene al poder", escribe Montesquieu en consciente de que el gobernante tiende a abusar del poder hasta donde encuentra límites. Desde entonces la división de poderes es requisito indispensable de toda constitución democrática. Sin embargo, influidos por las ideas de Emilio Rabasa 1912), los constituyentes del 17 asentaron la preponderancia del presidente al llamarlo depositario del "Supremo Poder Ejecutivo". Además, el artículo 108 le otorga inmunidad: "sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común", lo que es contrario al pensamiento de Montesquieu, quien sostenía que "la ley debe ser como la muerte, no exceptúa a nadie".
El abuso del poder presidencial es causa de una de las enfermedades que corroe al sistema de justicia en México: la supeditación del derecho al dominio del mandatario en turno. Dos casos paradigmáticos que han marcado a la presente administración ejemplifican, con oprobio, la vigencia de una justicia sometida.
El derrumbe de la "verdad histórica" presentada por la Procuraduría General de la República sobre la irresuelta tragedia de Iguala y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública sobre el conflicto de interés relacionado con las "casas turbias" son dos evidencias del sometimiento de la justica a los dictados del señor presidente. Ambas investigaciones fueron realizadas por instituciones dependientes del Ejecutivo con la intención de ocultar la verdad acerca de acontecimientos que afectan intereses de la élite gubernamental. El propósito de las amañadas pesquisas no era la búsqueda de la verdad legal, sino su encubrimiento. Es claro que ni Jesús Murillo Karam ni Virgilio Andrade actuaron con independencia sino por consigna. Sus investigaciones estuvieron orientadas y acotadas por razones extrajurídicas provenientes del Ejecutivo.
El informe del Grupo Interdisciplina-rio de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refuta los ejes fundamentales de la investigación de la PGR:
-
Los estudiantes de Ayotzinapa no fueron cremados en un basurero de Co-cula. 2. En el lugar de los hechos estuvieron presentes y participaron miembros de la Policía Federal y del Ejército, incluidos agentes de inteligencia militar. Ello había sido negado por la PGR, así como por el secretario de la Defensa. 3. La Sedena no permitió que los integrantes...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba