¿Justicia pronta?
| Autor | Estíbaliz Sáenz de Cámara Olano - Juan Rivero Legarreta |
| Páginas | 30-31 |
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A pesar de que no existían pruebas para condenarlo, Francisco Lides fue sentenciado a 93 años de prisión en primera instancia, y a 37 años de prisión en segunda instancia, acusado por homicidio. El presente caso -que concluyó con la liberación del acusado, luego de pasar 12 años en la penitenciaria de Santa Martha- retrata las múltiples fallas que aún padece nuestro sistema judicial penal.
Hace casi un año recibimos la llamada de unas grandes amigas -Karla Aguilar y Alicia Marchant-, quienes nos pidieron que atendiéramos un asunto de manera gratuita al que se refirieron como una "injusticia total". Todavía recuerdo aquella tarde en que la señora Josefina llegó al despacho con gestos de tristeza, angustia y cansancio. Cargaba unos papeles que parecían pesarle más que un costal de piedras, los cuales nos entregó junto con las esperanzas que tenía en su corazón de madre. Esa tarde nos explicó, con los ojos llenos de lágrimas, que había estado viviendo una pesadilla desde hace casi 11 años en los que, sin saber por qué, su hijo Francisco había sido arrancado de sus brazos.
Con poco conocimiento de los tér-minos jurídicos, la señora Josefina nos contó paso a paso lo que ocurrió el día de la detención de Francisco, reviviendo cada momento de aquel 7 de febrero de 2001 como si hubiera sido ayer.
Al momento de leer las resoluciones que entregó, nos dimos cuenta de que Karla y Alicia no habían exagerado. El expediente estaba plagado de contradicciones y manipulaciones, así como de diligencias que violaron los derechos de Francisco, las cuales habían sido increíblemente valoradas por las autoridades judiciales, a quienes no sólo les bastó para detenerlo y procesarlo, sino que les parecieron aptas y suficientes para condenarlo a más de 90 años de prisión en la primera instancia, y a 37 años y cuatro meses en la resolución de la apelación.
Estábamos listos y decididos. Nada impediría que representáramos a Francisco. Cuando le pedimos a la señora Josefina que nos entregara todas las copias del expediente de su hijo, ella acudió al juzgado para solicitarlas. Sin embargo, nunca imaginó que además de todo el dinero que había gastado en la deficiente defensa de su hijo, le dirían que tenía que pagar casi tres meses de su sueldo para conseguirlas. Afortunadamente, Karla y Alicia, quienes seguían paso a paso el caso particular, sumaron a este proyecto de hacer justicia a otra persona: el licenciado Carlos Pérez de la Sierra, que sin dudar, al saber...
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