La justicia no es herramienta de represión, ni de venganza pública
| Autor | Edgar Elías Azar |
| Páginas | 8-13 |
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Entre sus preocupaciones se encuentran brindar a la ciudadanía una impartición de justicia pronta, oportuna y expedita, para lo cual es necesario contar con los recursos necesarios; una batalla que ha hecho suya para alcanzar este ideal en la Ciudad de México. Se trata dice, de un imperativo que acompañado de una independencia presupuestal, son ya temas torales en la capital. La capacitación del personal de los juzgados y de los jueces es una tarea en donde ha puesto especial énfasis.
En entrevista con Foro Jurídico, el Magistrado Presidente detalla que a pesar de la falta de recursos económicos, la institución realiza grandes esfuerzos por cumplir y dotar a la ciudadanía de jueces y personal calificado para atender las reformas en donde la oralidad es ya una realidad en el país. Los capitalinos, señala, pueden estar seguros de que el Poder judicial de DF cuenta con los recursos humanos, con la voluntad institucional y con la experiencia judicial necesaria para asumir su responsabilidad con plena eficacia. A continuación reproducimos para nuestros lectores la parte esencial de la entrevista.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL DISTRITO FEDERAL?
Las cosas caminan como debieran. Tenemos grandes fortalezas y aun, algunas debilidades. Es necesario consolidar aquellas y tratar de mermar y cancelar éstas; no es irrelevante ser el órgano de la función judicial más grande del país, no sólo por sus dimensiones en cuanto a juzgados y salas, sino por la cantidad de asuntos que se ventilan entre nosotros por su complejidad, y porque la Ciudad de México es sede de la operación jurídica y litigiosa más extendida en el territorio nacional, y receptora, a su vez, de muchos conflictos de intereses -que exigen su conmutación por los juzgadores- y que se generan en otras entidades federativas. Esa sola circunstancia nos coloca en una situación muy especial en contraste con la impartición de justicia en otros lados de México y del extranjero.
Puedo afirmar que en cuestiones de impartición de justicia tradicional, para designar así a las materias o ámbitos de validez material de la ley que siempre hemos conocido, como la civil, familiar, mercantil o penal, nuestras fortalezas son mucho más notables que nuestras flaquezas. Contamos con una larga experiencia institucional; con los juzgadores mejor formados y más capacitados; con una ruta crítica de trabajo muy explorada; y con una masa crítica de asuntos justiciables que podemos operar adecuadamente. Persisten entre nuestras debilidades -en esas áreas- la lentitud de algunos procedimientos; la burocracia que exige ponernos al día con herramientas tecnológicas que hagan fluir mejor, más rápida y seguramente los asuntos; y ese cáncer persistente que es la corrupción y negligencia en zonas definidas de nuestro quehacer, muy particularmente en el nivel de las barandillas.
Sin embargo, en las áreas de la justicia que emergieron a partir de la reforma constitucional de 2008, estamos en deuda y con rezagos importantes. No contamos aun con la capacidad instalada necesaria para atender y desahogar con suficiencia las cuestiones de la justicia para adolescentes; de la justicia en materia de ejecución de sanciones; de la arquitectura judicial para el desarrollo cabal de la oralidad judicial; de la integración de nuestra unidad judicial; y por supuesto, algo que ya mencioné, que es incorporar tecnología moderna que nos permita estar a la altura de estos tiempos. Yo diría que en la Ciudad de México podemos estar seguros de que contamos con los recursos humanos, con la voluntad institucional y con la experiencia judicial, necesarios, para asumir nuestra responsabilidad con plena eficacia; nuestra más grande problemática se encuentra en la limitación evidente de recursos presupuéstales para encarar las viejas y las nuevas responsabilidades con que se nos ha investido. La justicia es gratuita, pero es cara; cuesta y mucho en recursos fiscales, atender y mantener un aparato judicial moderno para una macro urbe como la nuestra. El déficit presupuestal, sólo para éste ejercicio que inicia, asciende aproximadamente - entre la realidad y el rango ideal y necesario de recursos - para garantizar una operación judicial adecuada, a 593.5 MDP, por lo que nuestra situación se resumiría: tenemos todo para cumplir a cabalidad con nuestras funciones, excepto recursos presupuéstales.
¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL?
Para zanjar esa debilidad presupuestal y financiera que padecemos en estos tiempos de enorme exigencia para la actividad jurisdiccional, debe atenderse el problema, como en todo, por el principio, a fin de no quedarnos con respuestas parceladas, o de medio paso, o tan sólo paliativas. Es preciso encarar el problema con decisión y a partir de sus causas y no sólo de...
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