A juicio el sistema de justicia penal

Todo comenzó cuando los jueces de Chihuahua Rafael Boudib, Netzahualcóyotl Zúñiga y Catalina Ochoa, absolvieron por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra del delito de homicidio en contra de Rubí Marisiol Frayre de 17 años, con quien tenía una hija y vivía en unión libre.

Inicialmente Rafael Barraza era buscado por retención de menores, después de que Marisela Escobedo denunciara que se había llevado a su hija mediante engaños, para posteriormente privarla de la vida y depositar su cadáver en un basurero. El caso generó indignación en la sociedad, y Marisela Escobedo dedicó sus fuerzas para que el homicidio de su hija no quedara impune. Sin embargo, en Mayo de 2010 los jueces penales en un juicio oral, determinaron que no se reunieron las pruebas suficientes para acreditar la culpabilidad del acusado.

Después de ser liberado Rafael, Marisela Escobedo insistió en que se hiciera justicia y el tribunal de alzada encontró culpable al homicida y lo condenó a 50 años de prisión ordenando su recaptura, por lo cual Marisela recibió amenazas de muerte que finalmente se vieron materializadas cuando realizaba una manifestación para exigir justicia frente al palacio de gobierno de Chihuahua, tras haber aportado información para recapturar al homicida.

El gobernador de Chihuahua César Duarte actuó de inmediato solicitando la separación de los jueces de su cargo y un juicio político en su contra por considerar que actuaron con irresponsabilidad.

El asesinato de Marisela y el enjuiciamiento de los jueces ha rebasado el ámbito local y se ha convertido en un asunto nacional que tiene varias implicaciones:

Por un lado, pone de manifiesto la crisis que estamos viviendo en el sistema de justicia penal, no sólo en...

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