Juan Carlos Gutiérrez: “Promovamos la cultura de los derechos humanos”
| Autor | Ana Pamela Romero |
| Páginas | 32-35 |
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¿A qué se dedica la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)?
Es una organización no gubernamental creada hace 20 años para promover la cultura de los derechos humanos, defendiendo su ejercicio y su cumplimiento. Su espectro de incidencia se centra en México, por lo que todas las actividades realizadas en el plano local e internacional tienen como propósito el impacto en la estructura y en la política gubernamental mexicana para lograr el más amplio rango de protección y disfrute de los derechos humanos y la justicia social. Tiene por objeto social la defensa y la promoción de los derechos humanos a través de actividades como la atención jurídica de casos paradigmáticos, la educación, la investigación, el análisis, la promoción y la difusión en el campo de los derechos humanos, la participación en el ciclo de diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en la materia, la incidencia en propuestas legislativas y la asesoría a instituciones y organizaciones nacionales e internacionales.
¿Los servicios de asesoría y asistencia jurídica que brindan tienen algún costo?
Ninguno, ya que atendemos especialmente a personas que no cuentan con recursos para realizar sus denuncias y buscar justicia, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, hemos litigado casos muy importantes ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la máxima instancia de justicia de nuestra región.
¿Cuál es el reto más grande al que nos enfrentamos en la construcción de un discurso sobre los derechos humanos?
Entender que el Estado mexicano debe estar abierto al ámbito del Derecho internacional y los derechos humanos. En este sentido, paulatinamente los jueces están reconociendo e incorporando en sus sentencias y decisiones los aspectos desarrollados por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Lamentablemente, en otros temas importantes como la prevención de la tortura, la aplicación de la justicia militar o el arraigo, se mantiene un discurso cerrado y refractario que impide incorporar estos estándares internacionales en la legislación interna y de esta forma garantizar una mayor protección a las personas.
Este reto tiene que ser asumido en dos sentidos: uno, en la formación y en el conocimiento, por parte de los operados jurídicos y de los propios abogados, de un marco normativo que puede ayudar a fortalecer los argumentos jurídicos y resolver asuntos en defensa de sus representados; dos, que los tribunales de justicia deben tener una mayor apertura para ponderar en el análisis jurídico de los casos la incorporación de estos estándares.
Un ejemplo importante de este debate se relaciona con la reciente reforma al artículo 18 constitucional en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal, en el que cambió el paradigma de tratamiento a éstos y fue incorporado el debate de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, lo cual generó una gran...
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