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José Luis Cuéllar Garza / Sin excusas

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AutorJosé Luis Cuéllar Garza

En "Un futuro para México" (Santillana, 2010), Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda apuntan dos coordenadas para "quien desee un futuro moderno para México: vigencia del Estado de Derecho y transparencia de las cuentas públicas". En la coyuntura que vive Jalisco, éstas se convierten en condiciones para toda posibilidad de diálogo entre poderes públicos y sociedad.

Habida cuenta que los problemas que enfrentamos son tantos y complejos (inseguridad, pérdida de competitividad, desigualdad, desorden territorial), difícilmente podrá la clase política conducir la recomposición del orden y recuperar el liderazgo si no ofrece respuesta contundente a asuntos que ponen en tela de juicio la entereza de las instituciones, merman la credibilidad de la política y abonan al escepticismo cívico.

El primero es el esclarecimiento del manejo de recursos presupuestales por parte de la anterior Legislatura y del papel de la Auditoría Superior en el escrutinio profesional y autónomo de las cuentas públicas de los poderes y ámbitos de Gobierno ante la sociedad.

Si el Congreso no concluye satisfactoriamente la investigación de lo ocurrido, procesando a quienes llegasen a tener responsabilidad en esos manejos (así se afecte a cuadros importantes de todos los partidos involucrados) y si no realiza la recomposición tanto del órgano superior de fiscalización como de la lógica de procesamiento de cuentas públicas pendientes y futuras, sin caer en chantajes, componendas y la consagración de explicaciones vergonzosas -como las ofrecidas por Alonso Godoy en su comparecencia del viernes pasado-, poco puede esperarse de un Legislativo que estaría apostando al cinismo y la degradación política.

En secuencia del tema, cabría esperar que los órganos, entidades e instancias gubernamentales que intervienen en los procedimientos de sanción a las desviaciones detectadas en cuentas públicas (Congreso, Auditoría, Ayuntamientos, órganos de procuración y administración de justicia) concluyan satisfactoriamente la tramitación, enjuiciamiento (concediendo el derecho a la debida defensa), determinación y recuperación de cargos tan ofensivos e insultantes...

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