Jorge Narro Monroy / La trampa
| Autor | Jorge Narro Monroy |
El pasado 18 de julio el Legislativo aprobó y el Ejecutivo publicó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAE). Cuatro son las piezas clave del Sistema: la Comisión de Selección, el Comité de Participación Social, el Comité Coordinador y la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión de Selección fue nombrada por el Congreso el 14 de septiembre: tres mujeres y seis hombres (con la notable ausencia de representantes de la Univa y del ITESO y de los postulados por el sector más aguerrido de la sociedad civil). Su tarea: elegir a los cinco miembros del Comité de Participación Social (CPS) "y demás Comités que sean requeridos".
El 30 de octubre la Comisión anunció los nombres de los cinco, que tomaron protesta el día 1 del presente. Todas y todos con un perfil eminentemente técnico, tal como lo habían pedido muy diversas voces de la sociedad jalisciense. Sorprendente, sin duda. La burra no era arisca, de modo que esperábamos que los partidos y los poderes fácticos colocaran a testaferros que aseguraran sus intereses.
No fue así. La trampa estaba en otro lado.
En la Ley del SAE del 18 de julio, el CPS tenía tres tareas y, además, de poca monta: presidir rotativamente el Comité Coordinador, "coadyuvar (...) al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, (y) ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con (la materia)".
El 26 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas al SAE. Reformas que otorgaban al CPS nuevas y muchísimo más importantes responsabilidades: "El Comité de Participación Social organizará y realizará una evaluación integral de la idoneidad de los aspirantes (a Auditor Superior) que podrá incluir la aplicación de exámenes (...), la presentación de proyectos de trabajo y entrevistas personales (...)". Además "emitirá un informe con la opinión técnica del análisis de los perfiles de los aspirantes (...)". Para los casos del Fiscal General, del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y de los tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa: "El Comité de Participación Social emitirá un informe con la opinión técnica de los perfiles de los aspirantes (...)".
Para todo ese trabajo (habrá que quitar lo relativo al Fiscal General cuyo nombramiento -sin explicación alguna- se pospuso), para todo ese trabajo -repito- el CPS dispone de hasta treinta días naturales, contados a partir de "que reciba la copia de los expedientes"...
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