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Javier Livas / Alcaldes sin pena

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Vincent
AutorJavier Livas

En nuestro sistema constitucional existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Esa misma jerarquía marca la dificultad para exigir responsabilidades a sus titulares. El Presidente, intocable. Los Gobernadores como que no tan fácil. Por eso a los Alcaldes -de vez en cuando- les toca bailar con la más fea.

En Nuevo León se está dando una gran casualidad. Al menos seis Alcaldes están siendo examinados por las autoridades judiciales para someterlos a proceso por peculado.

Lo curioso del caso es que dispusieron de dinero público precisamente para protegerse del costo de posibles litigios en su contra.

Los procesos se dan por docena porque como que se contagiaron unos a otros.

No poco intrigante es el hecho de que varios de ellos contrataron exactamente al mismo abogado para que fuera el que proporcionara los servicios legales en caso de que se ofreciera.

Abogado prepagado genera dos categorías nuevas en el PUP, diría don Hermenegildo Torres. Una al que lo contrató y otra al abogado que no previó que sus honorarios tenían precisamente un origen indebido, ilícito y que en consecuencia le generaría trabajo... y problemas.

Este episodio lo menciono como ejemplo claro del grado de descomposición social que existe actualmente.

La cultura jurídica está por los suelos, en parte porque, como hemos vivido décadas bajo la justicia escrita, de expediente cosido, de audiencias prácticamente privadas, no hay dónde aprender el derecho vigente.

No menos importante que la descomposición social son los efectos de vivir la impunidad como regla, no como excepción.

A nadie le preocupa la ley. Sufrir la ley es como jugar a la lotería sabiendo lo difícil que es ganarla. A los Alcaldes en cuestión seguramente les pareció una idea brillante esa de blindarse contra litigios o riesgos legales futuros.

La idea suena muy bien, pero si el dinero es público no lo es tanto. Es delito usar dinero público para pagar un servicio privado.

Los casos hasta ahora mencionados hacen suponer que estamos frente a situaciones evidentes y plenamente probadas.

La ventaja que en este caso tiene la justicia no sólo es eso, sino que los Alcaldes ya dejaron de serlo y como...

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