Jaque Mate / Sin piloto al timón
| Autor | Sergio Sarmiento |
"Por malo que sea un gobierno, hay algo peor, y es la supresión del gobierno".
Hyppolite Taine
Una de las reglas fundamentales de cualquier administración -pública o privada- es que las obligaciones deben ir atadas a las responsabilidades. No se le puede pedir a un director general que gaste bien el dinero de una empresa si no se le permite decidir cómo erogarlo.
La disputa que estamos viendo en torno al presupuesto federal del 2005 subraya que en nuestro sistema político las cosas funcionan de manera diferente. El Congreso le está ordenando al Ejecutivo que administre un dinero, pero no le permite definir cómo gastarlo. En otras palabras, hay un divorcio entre obligación y responsabilidad.
Otros países del mundo tienen sistemas que impiden este tipo de situaciones. En los regímenes parlamentarios, si el partido o coalición gobernante no logra los votos para que el parlamento apruebe un presupuesto con el que pueda operar, se desbanda el gobierno y se forma uno nuevo. En los regímenes presidenciales, el Presidente tiene la posibilidad de vetar un presupuesto con el que no está de acuerdo, y se requiere de una mayoría de dos terceras partes del Congreso para vencer ese veto.
En México, hasta donde podemos ver, no existe ninguna de estas opciones. El Legislativo puede imponer un presupuesto al Ejecutivo, aun cuando éste encuentre incongruencias importantes en el proyecto. En otras palabras, el Congreso le dicta una obligación al Presidente, pero no le da la responsabilidad de definir cómo ejecutarla.
Algunos juristas dicen que el presidente de México sí puede vetar o hacer observaciones a un presupuesto. Sin embargo, la mayoría de los expertos señala que la Constitución en su artículo 74 fracción IV le da a la Cámara de Diputados de manera exclusiva la promulgación del decreto de presupuesto sin que contemple el derecho del veto presidencial en el artículo 72. Y no hay que olvidar que aunque los gobernados podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley, los funcionarios públicos -incluido el Presidente- sólo pueden hacer aquello para lo que la ley les da expresamente facultades.
Precisamente porque saben que la ley los avala en este caso, los líderes de los diputados están actuando con una gran soberbia. En el programa Primero noticias de Carlos Loret de Mola el viernes pasado, el coordinador perredista Pablo Gómez, haciéndose eco de las famosas palabras de Carlos III, le dijo al subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado, que ante la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba