Jaque mate al cardenal

AutorFrancisco Marín

SANTIAGO.- El pasado 24 de julio le notificaron al cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati Andrello, que el fiscal regional de la región de O'Higgins, Emiliano Arias, lo citó a declarar para el próximo martes 21, en calidad de imputado, como encubridor de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el país, puesto que tuvo conocimiento de esos delitos y nada hizo para evitar que se siguieran cometiendo.

Esto desató una ola de críticas contra Ezzati de la que ni el presidente Sebastián Pinera -representante de la derecha y muy cercano a la jerarquía eclesiástica- se ha marginado: en entrevista con Radio Bío Bío, el 30 de julio, el mandatario pidió al Papa Francisco que "tome las decisiones que tenga que tomar", lo que fue interpretado como una solicitud expresa para que reemplace pronto al cardenal.

En la entrevista, Pinera criticó además la forma en que las autoridades eclesiásticas manejaron el escándalo de abusos contra menores. "Yo no soy juez, pero todo hace pensar que algunos altos miembros de la Iglesia tuvieron conocimiento de estos hechos y no actuaron como debieron haber actuado", dijo.

Haciendo eco al rechazo generalizado a Ezzati -de origen italiano-, el 21 de mayo legisladores del izquierdista Frente Amplio anunciaron que promoverán una moción parlamentaria que revoque la naturalización "por gracia especial" otorgada al líder de la Iglesia chilena, el 24 de abril de 2006, en virtud de la Ley 20.100 promulgada ese día por la entonces presidenta Michelle Bachelet.

A esta iniciativa se sumó la senadora democristiana Ximena Rincón: estimó que Ezzati "no es una persona que amerite todas las consideraciones que se tuvieron para otorgarle la nacionalidad por gracia"; añadió que, dada su conducta ante los casos de abusos sexuales perpetrados por eclesiásticos, "se le puede catalogar como cómplice", como reseñó el diario electrónico El Dínamo en nota del 31 de julio.

Esta propuesta de retiro de la nacionalidad chilena es respaldada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Todo esto ocurre cuando ya se acerca la ceremonia de celebración de la independencia chilena, el 18 de septiembre, que congrega en la Catedral de Santiago a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, las fuerzas armadas y el cuerpo diplomático acreditado en Chile.

Pinera y diversos parlamentarios ya se movilizan para evitar que un cardenal imputado por la justicia encabece la Iglesia al momento de verificarse el rito más significativo del país.

Religiosas...

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