JAQUE MATE / Amparo al SME
| Autor | Sergio Sarmiento |
"A ver qué cara va a poner el próximo gobierno cuando tendrán que etiquetar más de 14 mil millones de pesos de los salarios caídos de todos los trabajadores".
Martín Esparza
El Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo mucho más éxito en los tribunales que con sus movilizaciones. Hace unos días anunció que el Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito le otorgó un amparo que rechaza que haya habido una fuerza de causa mayor en la rescisión del contrato con Luz y Fuerza del Centro.
Lo anterior significa que la Comisión Federal de Electricidad será el patrón sustituto de los 16,599 trabajadores que no aceptaron la indemnización pagada por el gobierno federal y tendrá que recontratar a los trabajadores además de pagarles los salarios caídos acumulados desde la interrupción de las actividades el 11 de octubre de 2009. La Secretaría de Gobernación argumenta que todavía puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia, pero ésta ya en una ocasión rechazó atraer el caso y sólo podrá juzgar la constitucionalidad de la decisión.
De confirmarse el fallo la extinción de Luz y Fuerza del Centro, una de las medidas más importantes del presidente Felipe Calderón, habrá quedado prácticamente anulada y a un costo muy alto para el erario. El propio Martín Esparza, secretario general del SME, lo señalaba el 11 de octubre pasado en una asamblea en el Monumento a la Revolución en la que afirmaba que el próximo gobierno tendrá que entregar más de 14 mil millones de pesos en salarios caídos a los trabajadores que no han aceptado su indemnización.
El fallo del tribunal ratifica la independencia del Poder Judicial ante el Ejecutivo en estos nuevos tiempos. También subraya que tenemos una legislación laboral que hace virtualmente imposible despedir a los trabajadores de entidades públicas. Una vez contratados, nadie podrá desplazarlos de sus puestos independientemente de la calidad de su labor y aun cuando se les indemnice por encima de lo que señalan la ley y su propio contrato colectivo. Ni siquiera el bien público tiene más fuerza que la inamovilidad de un trabajador de base en una entidad pública.
La nueva ley laboral que está siendo discutida en el Senado no salvará al gobierno o a los mexicanos de esta situación. La iniciativa, para empezar, no modifica el apartado B de la Constitución que se aplica a los trabajadores del sector público. Si bien la propuesta limitaría el pago de los salarios caídos a un año, no podría aplicarse de manera...
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