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JAQUE MATE / 90 por ciento

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Vincent
AutorSergio Sarmiento

"La actitud oficial es: si te pasó algo, es porque andabas mal".

Madre de víctima, HRW

Una de las justificaciones que con mayor frecuencia ha ofrecido el presidente Felipe Calderón ante la oleada de homicidios de los últimos años es que más del 90 por ciento de las víctimas son miembros del crimen organizado. Esta explicación ha sido retomada por funcionarios y comandantes de las fuerzas de seguridad.

El problema es que no hay corroboración. Se antoja lógico que muchas de las víctimas hayan sido delincuentes. En algunos de los casos más sonados, sin embargo, se ha demostrado que las víctimas no pertenecían a ninguna organización criminal.

Recordará usted, quizá, el caso de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010. El presidente Felipe Calderón se refirió a ellos en un principio como "pandilleros". Después de que sus familias protestaron, y de que se comprobó que eran estudiantes con buenas calificaciones y deportistas dedicados, el primer mandatario reconoció públicamente su error.

Bastante peor fue el caso de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo del Tec Monterrey, muertos por miembros del Ejército en marzo de 2010. Los soldados pusieron un arma en las manos de uno de ellos para avalar su declaración de que habían disparado contra unos sicarios que los habían atacado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del Tec, sin embargo, demostraron que los muchachos habían salido sin armas del campus universitario antes de ser acribillados por los soldados.

A pesar de casos como éstos, la población mexicana ha aceptado la afirmación tantas veces repetida de que más del 90 por ciento de los muertos son criminales. La realidad, sin embargo, es que no lo sabemos. El informe Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la "guerra contra el narcotráfico" de México de Human Rights Watch (HRW) señala: "La ausencia de investigaciones permite dudar de los fundamentos de las afirmaciones expresadas por el presidente y otros funcionarios, y revela además una tendencia intrínseca en el gobierno a prejuzgar a las víctimas".

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