Iván Duque, presidente de un país en llamas
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- Un mes después del inicio de un paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque -quien propuso una impopular reforma fiscal-, Colombia está sumida en la peor crisis de su historia reciente y en una espiral de violencia urbana que incluye asesinatos de manifestantes por parte de la Fuerza Pública, incendios de edificios públicos, saqueos de comercios y bloqueos de las principales vías de comunicación.
El suroccidente del país enfrenta un severo desabasto de productos básicos y de combustible; el transporte público de las principales ciudades opera parcialmente por la quema de estaciones y autobuses, y los desiguales enfrentamientos entre policías antimotines y jóvenes manifestantes se han vuelto parte de la cotidianidad nocturna en barrios populares de Cali y Bogotá.
"Esto es un estallido social que desbordó al gobierno y que el presidente Duque está gestionando pésimamente", dice a Proceso la directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente.
Duque no quita el dedo del renglón. Hace unos días puso a su consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, a recorrer varios medios locales para insistir en la tesis de que el conflicto que vive Colombia es producto de un "plan desestabilizador" impulsado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Para Llorente ese discurso "es un despropósito, porque le otorga a Maduro y a las guerrillas un poder y una capacidad que no tienen, y porque termina estigmatizando a millones de colombianos que han salido a protestar porque tienen quejas legítimas".
La teoría del complot que esgrimen el gobierno y el ultraderechista partido oficial, Centro Democrático, es considerada por organismos de derechos humanos como un intento de justificar la cruenta represión desatada contra los manifestantes. De hecho, lo sucedido en Colombia en el último mes es uno de los más graves episodios de violencia estatal en América Latina en este siglo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores, que se han convertido en referentes para documentar las violaciones a los derechos humanos en las protestas, la Fuerza Pública colombiana es responsable de 44 homicidios de manifestantes y civiles armados y actores sin identificar han asesinados a otros 17, lo que arroja un total de 61.
Las víctimas que se han registrado en Colombia en un mes son más que las 46 muertes de manifestantes que, de acuerdo con un informe de la ONU, fueron responsabilidad de fuerzas de seguridad de Maduro en Venezuela en 2017, cuando el presidente chavista reprimió las masivas movilizaciones en su contra, que se prolongaron cuatro meses.
Temblores ha documentado la muerte de dos policías durante las protestas en Colombia, así como 3 mil 155 casos de violencia policiaca -105 al día, en promedio-, 46 manifestantes con afectaciones oculares y 22 víctimas de abuso sexual por parte de la Fuerza Pública. Indepaz, por su parte, tiene un registro de 346 desaparecidos durante un mes de movilizaciones, más de 11 cada día en promedio.
Por eso no fue extraño el duro pronunciamiento que emitió el martes 25 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre...
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