Lo intolerable

AutorJavier Sicilia

A esta afrenta, que habla de la corrupción de los partidos y de su indiferencia por la vida humana, se suma otra, igual de intolerable: el intento de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación de reducir la Ley de Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder a una pobre y ridicula Ley de Víctimas del Delito.

Durante el segundo encuentro, en octubre de 2011, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) con el Poder Ejecutivo de la nación, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, reclamamos al presidente que la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), que se creó después del primer diálogo en julio, era una farsa. Primero, porque nosotros habíamos pedido una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder; segundo, porque no se nos había consultado para su creación, y tercero, porque no tenía ni rango de Estado ni los recursos ni el personal suficientes para atender tanto dolor. El presidente no sólo respondió: "Yo pedí una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, pero parece que no me hacen caso", sino que también pidió al Inacipe una ley que la amparara.

El Inacipe redactó entonces, con expertos mexicanos y colombianos, y consultando a las víctimas y a diversas organizaciones de derechos humanos, una espléndida Ley de Atención a Víctimas de la Violencia y del Abuso del Poder. Lo mismo sucedió con el diálogo con el Poder Legislativo, que pidió a la UNAM la redacción de una ley de la misma envergadura. Aunque muchas organizaciones trabajan en la fusión de ambas leyes, que presentaremos al Legislativo como la ley que requiere la nación, el desprecio por parte del gobierno federal y de muchos legisladores se hace cada vez más profundo.

Províctima no ha cambiado su nombre ni ha recibido los recursos económicos ni el personal que requiere. "Se ha limitado a ofrecer", como señala Miguel Concha (La Jornada, 3 de marzo de 2012), "la inscripción en programas sociales federales a personas que demandan una justa restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, esto es, medidas de reparación integral del daño, con justicia y derecho a la verdad". Además, la ley del Inacipe ha sido rasurada por parte del Ejecutivo hasta convertirla en una ley tan inane como la propia Províctima.

Es intolerable que mientras a instancias del Poder Ejecutivo los legisladores del PRI, del PAN y de parte del PRD aprobaron aportar 14 mil millones de dólares para...

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