Insulto gubernamental, empresarial y militar
| Autor | Jesús Cantú |
Primero fue el artículo de Enrique Krauze, en el New York Times, que señala: "Esta es quizá la más difícil petición que yo haría: que el presidente encare a la nación, reconozca sus errores y ofrezca una disculpa al pueblo mexicano. Nada confiere mayor nobleza a una persona en el poder que reconocer su propia humanidad". Abunda: "Ninguna estrategia de reformas, ni siquiera la más racional, puede reemplazar la legitimidad de un li-derazgo ético, especialmente en tiempos de crisis. Encarnar ese liderazgo debe ser la prioridad inmediata de Peña Nieto". Y más adelante le pide realizar cambios en su gabinete, e incluso propone que uno de los sacrificados sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, responsable de la licitación del tren México-Querétaro.
La recomendación pública de Krauze pasa por alto que el presidente es el primer obligado a cumplir las leyes y que, por lo tanto, el presunto conflicto de intereses en que incurrió debe ser motivo de un procedimiento sancionatorio, puesto que existe una instancia jurídicamente responsable de exonerarlo o sancionarlo; su conducta no puede olvidarse con una simple disculpa.
Aunque fuese un acto inédito en la vida política mexicana, la disculpa pública no puede solventar la presunta violación al estado de derecho; en consecuencia, no es la vía para concluir el debate del caso.
Siguió el secretario de Marina, Vidal Soberón, quien recurrió al ancestral discurso de "los intereses ocultos" que pretenden desacreditar la labor gubernamental. El almirante manifestó: "Más coraje me da" que a "esta gente" que supuestamente "manipula" a los padres de familia, "no le interesan ni los padres ni estos muchachos...".
Olvida el almirante Soberón que la investigación en torno al hecho todavía tiene muchos cabos sueltos, y que no es un caso aislado, sino parte de las más de 22 mil personas desaparecidas en los últimos siete años, entre las cuales se encuentran los otros 28 cadáveres encontrados en las fosas localizadas en el municipio de Iguala, y que, como no correspondían a los estudiantes, han sido totalmente ignorados, pues no han merecido siquiera una declaración pública de las autoridades responsables.
El Estado no quiere reconocer que el país vive la "peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años", según denunció el director ejecutivo de Amnistía
Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón. No entienden que son decenas de miles las familias mexicanas afectadas por el asesinato o la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba