Insabi, los pormenores del desastre
| Autor | Mathieu Tourliere |
Apenas tres años después de nacer, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) se encuentra en fase terminal. El flamante instituto fracasó en las dos misiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había asignado: no logró instaurar un sistema universal de salud, y tampoco pudo adquirir y distribuir los medicamentos que necesitan los hospitales y centros de salud en el país, generando graves situaciones de desabasto.
A lo largo de su corta vida, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) han documentado un sinnúmero de irregularidades en el Insabi, las cuales incluyeron dificultades inherentes a la puesta en marcha de un nuevo coloso administrativo -llegó a tener más de 87 mil trabajadores-, pero también problemas de opacidad atribuibles al equipo de su director, el tabasqueño Juan Antonio Fe-rrer Aguilar, quien ya expresó su deseo de competir a un cargo de elección popular en 2024.
Decenas de informes de auditoría de la ASF y el OIC revisados por Proceso coinciden en documentar problemas en la coordinación de servicios de salud en los estados, desastre en la adquisición y distribución de los medicamentos, adjudicaciones directas injustificadas, y ausencia de documentos justificativos.
A estas deficiencias de gestión se sumó la pandemia de Covid-19, que causó estragos en el precario sistema de salud pública del país y puso a prueba al Insabi, creado tres meses antes de declararse la emergencia sanitaria: a la par de que el virus se propagaba en el país, 15 millones de personas en pobreza extrema dejaron de tener acceso a la salud.
Los hospitales públicos dejaron de recibir a pacientes, quienes tuvieron que acudir al sistema privado, y en paralelo se agravó el problema de desabasto hasta alcanzar niveles históricos: en 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que no pudo surtir 11 millones 500 mil recetas.
Entre 2020 y 2022 el Insabi ejerció 303 mil 44 millones de pesos de presupuesto propio, y operó los recursos multimillonarios del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), que durante años pasó de estar dotado de 102 mil millones de pesos a 75 mil 205 mil millones de pesos. Entre 2020 y 2021, 26 de los 32 gobiernos estatales transfirieron parte de sus sistemas de salud al Insabi. Oaxaca y San Luis Potosí llegaron al extremo de entregar toda la atención médica al nuevo organismo.
Apenas en marzo del año pasado, a dos años de la creación del Insabi, López Obrador había dado una primera estocada al organismo, cuando anunció que las labores de atención médica a las 66 millones de personas que no tienen seguridad social recaerían en un nuevo ente: el "Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto...
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