Iniciativa parlamentaria que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para otorgar servicios de asesoría jurídica a los extranjeros que se internen en la República mexicana, sin importar su condición migratoria., de 19 de Marzo de 2015
Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Jaime Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Jaime Chris López Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, reformándose a su vez las fracciones V y VI del mismo artículo, con base en la siguiente Exposición de Motivos
Los migrantes representan un complejo fenómeno social que se ve modificado y condicionado por el desarrollo de las relaciones económicas y sociopolíticas de nuestro país. Estos representan un grupo vulnerable que se ve impactado por diversos factores entre los que figuran la violación sistemática a sus derechos humanos y el estado de indefensión social y, en el caso, legal con el que enfrentan los procesos relativos a su cambio de situación jurídica al entrar a nuestra nación.
Optar por medidas de prevención, evitando los procesos de riesgo–lesión y daño en los derechos fundamentales de cualquier individuo o grupo de individuos que se internan en la República mexicana, es una prioridad del Estado mexicano y en consecuencia de esta honorable Cámara de Diputados, la cual debe construir las vías necesarias para salvaguardar en todo momento los derechos humanos de nacionales y extranjeros.
El elemento preventivo debe imperar sobre el correctivo, así como sobre la reparación del daño o los aspectos punitivos de la normatividad mexicana, por lo que resulta necesario establecer en instrumentos concretos para cada grupo las políticas y medidas específicas.
Refiriéndonos al grupo de migrantes que se internan a nuestro país, estos se encuentran inmersos en muchos casos, en la incertidumbre jurídica, al no conocer a detalle los derechos que les asisten, la reglamentación normativa que coadyuva en la defensa de sus prerrogativas, y la secuencia de los procesos judiciales que pueden seguirse en su contra, lo que les imposibilita hacer frente a los problemas que les son planteados, aunado a que en la mayor parte de los casos, no cuentan con los recursos económicos y materiales necesarios para encontrar la asistencia particular que los solvente.
De no actuar con celeridad en la construcción de medidas que contribuyan a fortalecer la esfera jurídica de este sector, se está destinando, cada vez más, a los migrantes a caer en el olvido del sistema de justicia mexicano, y más aún, al desamparo institucional, ante lo que los legisladores no podemos permanecer...
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