Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambios del ordenamiento ecológico del territorio nacional., de 15 de Enero de 2020
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambios del ordenamiento ecológico del territorio nacional, suscrita por el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, David Orihuela Nava, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; artículo 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en materia de cambios al ordenamiento ecológico del territorio nacional, la cual se fundamenta bajo la siguiente Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
La presente Iniciativa de reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA) se enfoca en tres aspectos específicos: 1. La incorporación dentro de la ley de las regiones prioritarias para la sustentabilidad ambiental de las ciudades; 2. Consolidar la democracia participativa en el tema ambiental; y 3. Fortalecer los instrumentos de ordenamiento ecológico territorial en los diversos niveles de gobierno, e incorporar el ordenamiento por cuencas.
Las regiones prioritarias para la sustentabilidad ambiental de las ciudades requieren de un marco jurídico debido a que la prosperidad actual y futura de ellas y de México está en riesgo: un número creciente de ciudades experimenta deficiencias hídricas por el desordenado crecimiento urbano, que invade las áreas naturales circundantes que brindan a las urbes numerosos servicios ambientales, entre los que destaca el abasto de Agua.
Áreas naturales como, por ejemplo, las barrancas del norponiente de Morelos, La Primavera aledaña a Guadalajara, el Molino de San Roque y el Cerro de la Galaxia contigüos a Xalapa, están siendo carcomidas por un cambio de uso de suelo que compromete la viabilidad hídrica de las ciudades. Y mientras el incremento de la población y las necesidades de agua crecen día a día, no así la disponibilidad y calidad de este recurso, que va en decremento.
A manera de ejemplo, las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca y Pachuca dependen del Bosque de Agua que alimenta los 10 acuíferos que escasamente abastecen del líquido vital a 32 millones de habitantes: la cuarta parte de la población de la República Mexicana. En pocos lugares del mundo, tantas personas dependen de un bosque tan pequeño.
Las áreas naturales contiguas a las ciudades son el único amortiguamiento contra las contingencias ambientales y el cambio climático. Sus servicios ambientales son todos insustituibles , gratuitos y cada vez más precarios.
Es de vital importancia reconocer en la legislación mexicana a las Regiones prioritarias para la sustentabilidad ambiental de las ciudades , y dotarlas de recursos para su conservación mediante la creación de un Fondo Ambiental.
Lo anterior sólo es posible a partir de incorporar nuevas formas de democracia participativa en el tema ambiental. Dados los vicios impuestos por el afán neoliberal de explotar el territorio nacional en beneficio de intereses transnacionales, sin importar sus consecuencias para las generaciones actuales y futuras, los cambios requeridos para que el marco institucional mexicano efectivamente favorezca el desarrollo sustentable están estrechamente vinculados con la democracia participativa.
Un vicio característico del Estado neoliberal es que la autoridad es juez y parte en la definición de los contenidos de la utilidad pública y la asignación de los recursos sociales y naturales de la nación. Esto ha llevado a la aprobación de programas y proyectos de capital transnacional con fuerte impacto degradante para el ambiente. Hoy, millones de afectados ambientales enfrentan las consecuencias del vicio neoliberal,
siendo que, ante las perturbadoras incertidumbres por el cambio climático, los escenarios ambientales se perfilan catastróficos.
En materia ambiental, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa significa facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión del territorio, incluyendo por supuesto a pueblos originarios, dueños y poseedores de la tierra, investigadores y académicos. La Ley mexicana exige la cooperación social, y adjudica a todos los habitantes de la República Mexicana la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. Se trata claramente de una responsabilidad jurídica de todos los mexicanos.
La planificación y gestión del territorio es un tema estratégico para la protección del ambiente y el desarrollo sustentable, por lo que la toma de decisiones al respecto debería de generarse con bases técnico-científicas. Sin embargo, actualmente se realiza por instancias de gobierno, como los cabildos a nivel local o por secretarías estatales, cuyo personal suele no contar con la adecuada capacidad o asesoría técnico-científica, y es frecuentemente removido de sus cargos. México no puede seguir rigiéndose por decisiones cortoplacistas del funcionario en turno que afectan de manera irreversible el territorio.
Es de importancia vital , que exista un contrapeso de participación ciudadana y académica en las instituciones que toman las decisiones sobre el uso del territorio, en coordinación y suma de esfuerzos con las autoridades federales, estatales...
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