Iniciativa parlamentaria que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Penal Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos, para fortalecer la prohibición de autorizar la fundación de nuevos asentamientos humanos en áreas naturales protegidas, y tipificar como delito la responsabilidad de los servidores públicos que por acción u omisión los consientan o fomenten., de 24 de Septiembre de 2015
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Código Penal Federal y de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben los diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46 y 63 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se adiciona el artículo 420 Quinquies del Código Penal Federal y se adiciona la fracción III del artículo 2 recorriéndose los subsecuentes de la Ley General de Asentamientos Humanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos
Hoy en día los altos índices de asentamientos humanos irregulares en prácticamente todo el territorio nacional deben considerarse como preocupantes, ya que la gran mayoría de ellos se ubican en zonas vulnerables a fenómenos climáticos o naturales, representando un potencial importante de pérdidas humanas, económicas y degradación ambiental, así como áreas de especial valor ambiental como cañadas y barrancas.
Si bien es cierto, dentro del marco normativo nacional se han desarrollado diversos instrumentos de planeación para tratar de revertir el desarrollo de asentamientos irregulares e invasión de predios federales, debemos reconocer que estos esfuerzos se han centrado en temas estrictamente urbanísticos e incluso recientemente climatológicos ante el incipiente problema que representa el cambio climático, pero no se han explorado otras soluciones que vengan a fortalecer estas políticas y atender el problema de integralmente.
Lo anterior queda en evidencia cuando se conocen los resultados de las estadísticas en torno al tema, pues a pesar de que el estado mexicano ha desarrollado e impulsado políticas públicas encaminadas a garantizar el crecimiento urbano organizado y programas de regularización de viviendas, las estadísticas y evaluaciones nacionales evidencian que los mecanismos empleados hasta hoy, no han sido suficientes para poder revertir el problema que representan los asentamientos irregulares, más aún se reconoce que muchos de ellos se localizan en zonas de conservación como barrancas, además de otras vulnerables a efectos climatológicos y que han devenido en los últimos años en importantes pérdidas económicas y humanas.
Muchas investigaciones han concluido que la pobreza permite el desarrollo de clientelismos políticos como detonantes de los asentamientos humanos irregulares e invasión de zonas de conservación entre las que encontramos a las barrancas, por ello, esta Iniciativa de Reforma plantea tipificar estas conductas dentro del Código Penal Federal y responsabilizar a los servidores públicos que por acción u omisión, provoquen, impulsen o consientan el desarrollo de asentamientos humanos irregulares.
Actualmente, la población en México es de 112 millones 336 mil 538 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010, lo que ubica como undécimo país más poblado del mundo. Sin embargo el crecimiento demográfico no ha sido proporcional al desarrollo económico del país, la población ha sufrido, desde mediados de los años ochenta, la pérdida de poder adquisitivo. En 1976 el salario mínimo era de 6 mil 500 pesos, si traemos su valor a pesos actuales. Para 2011 había bajado a mil 766 pesos, una pérdida de 73 por ciento. Si bien no todo el personal ocupado percibe el salario mínimo, su aumento es un parámetro que rige el crecimiento de otros salarios. Buena parte de la estrategia económica de los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por debajo del aumento de los precios. A diferencia de los años sesenta y setenta, cuando la meta era crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto público y de la inflación.
La pobreza ha jugado un papel determinante para inducir la instalación de asentamientos humanos irregulares, puesto que la sociedad busca incrementar su calidad de vida obteniendo oportunidades para...
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