Iniciativa parlamentaria que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y reforma la Ley Federal de Radio, Televisión., de 25 de Marzo de 2004
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y REFORMA LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESION DEL JUEVES 25 DE MARZO DE 2004
Los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y reforma la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El pueblo mexicano luchó durante décadas para romper con las ataduras que le impuso el Estado autoritario que emanó de la revolución mexicana, que junto con su partido se convirtieron en poderosos instrumentos para cancelar el desarrollo de la democracia en nuestra nación.
Sólo con la fuerza de las movilizaciones sociales que protagonizaron las fuerzas democráticas y el pueblo en general se hizo posible que se derrumbara el poder totalitario y monolítico de más de setenta años de dominación política.
La crisis económica de los años setenta y ochenta se convirtió en otra fuerza muy poderosa para el derrumbe del bloque político que había hegemonizado al Estado mexicano y a muchas de sus instituciones que ya no se correspondían con la nueva realidad del país.
Una de esas instituciones tenía que ver con la realización de los procesos electorales para renovar el ejercicio del poder en los tres niveles de gobierno, que de forma sistemática y permanente era cuestionada por la sociedad porque no respondía a criterios de transparencia y de democracia.
Para el pueblo, quedaba claro que el gobierno era juez y parte en los procesos electorales, ya que por ley centralizaba la responsabilidad de organizar y vigilar los comicios, lo cual le permitía tener condiciones para realizar fraudes electorales. Por ello, la cultura del fraude se convirtió en una norma de la cultura política de nuestro país.
Los fraudes electorales más sonados del siglo XX en México fueron los de 1929, contra don José Vasconcelos, quien contendió contra Pascual Ortiz Rubio; y en 1940, contra Juan Andrew Almazán, quien contendió contra el candidato del PRM, Manuel Avila Camacho.
El de 1946, contra Miguel Enríquez Guzmán, quien contendió contra el candidato del PRI, Miguel Alemán Valdez. Estos fraudes electorales fueron una prueba fehaciente del carácter antidemocrático y el contubernio político que envolvía a los gobiernos en turno en materia de procesos electorales y elecciones.
Sin embargo, el fraude electoral de 1988 fue el más escandaloso en la historia del siglo XX en México porque confirmó de forma nítida y contundente que las decisiones del pueblo no eran respetadas, al grado de que el Gobierno en turno hizo que deliberadamente fallara el sistema de cómputo, para ganar tiempo y modificar el resultado electoral.
Los fraudes electorales y los escándalos que le acompañaban, hicieron necesario construir una institución política que fuera autónoma e independiente del gobierno para que los procesos electorales no sembraran duda ni incertidumbre de la voluntad del pueblo en las urnas. Se trataba de ciudadanizar la democracia electoral en México.
Esto sólo fue posible con la creación del Instituto Federal Electoral como resultado de las reformas constitucionales realizadas en 1989, que mandataban la creación del IFE que entró en funciones en 1990.
Asimismo, se expidió una nueva ley electoral representada por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que se llevó a cabo en agosto de 1990. Justo es decirlo, la tutela del Gobierno Federal hacia el IFE prevaleció hasta 1996, cuando con la reforma electoral de ese año se dotó de autonomía al citado Instituto.
Desde ese entonces la normatividad constitucional y legal en la materia ha experimentado tres importantes reformas, la de 1993, 1994, y 1996 que han tenido como propósito fundamental dotar de mayor autoridad al IFE para convertirlo en garante de la voluntad del pueblo y en la transparencia de los procesos electorales.
La reforma de 1993 facultó a los órganos del IFE para la declaración de validez y la expedición de constancias para la elección de diputados y senadores. Asimismo, estableció topes a los gastos de campaña de las elecciones.
Con la reforma de 1994 se incrementó el peso e influencia de los consejeros ciudadanos en la composición y procesos de toma de decisiones de los órganos de dirección, otorgándoles la mayoría de los votos, así como la ampliación de las atribuciones de los órganos de dirección a nivel estatal y distrital.
Con la reforma de 1996 se reforzaron la autonomía e independencia del IFE al desligar, totalmente, al Poder Ejecutivo de su integración y reservar el voto dentro de los órganos de dirección exclusivamente a los consejeros ciudadanos.
Con el paso de los años y al calor de los procesos electorales ha sido evidente que la normatividad en la materia fue rebasada totalmente por una serie de eventos que quedaron fuera de la legislación electoral.
Uno de ellos tiene que ver con la exigencia de reformular la asignación de diputados de representación proporcional, de tal manera que evite la sobrerrepresentación y la subrepresentación. Se trata de garantizar que la distribución proporcional de los representantes populares debe ser igual para todos los partidos que integran el Congreso de la Unión. Es decir, que cada partido represente su fuerza electoral ciudadana en función del porcentaje de votación que obtenga en cada elección.
También es necesario acotar la injerencia de los órganos electorales en la vida interna de los partidos y las organizaciones políticas. Se trata de garantizar el respeto a la autonomía de estos entes de interés público para que sean...
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