Iniciativa parlamentaria que expide la Ley General para el Control de Cannabis; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios., de 27 de Octubre de 2020
Que expide la Ley General para el Control de Cannabis; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Mario Delgado Carrillo, diputado de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los relativos del Reglamento de la Cámara de diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Exposición de Motivos
Historia prohibicionista mexicana
De acuerdo con Ricardo Pérez Montfort, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el uso de drogas en nuestro país se remonta a una antigua tradición. Diversos pueblos indígenas mexicanos empleaban variadas plantas con propiedades sicoactivas para múltiples fines.
Durante el siglo XIX y primeros años del siglo XX, el uso y consumo de drogas en territorio mexicano no resultaba ser anormal, ni mucho menos objeto de prohibición. Productos y derivados de drogas como la marihuana eran de fácil acceso para todos los mexicanos, pues su venta era comúnmente realizada en farmacias y centro de comercio públicos. Las políticas implementadas por el Estado mexicano de ese tiempo se limitaban a ser simples normativas de control respecto de la calidad de la droga, en aras de dotar, en ese momento, de una protección y certeza para el consumidor, es decir, atendía a cuestiones meramente de adulteración y comercio.
Sin embargo, dentro de los primeros años del siglo XX, el debate sobre la continuidad del uso y consumo de las drogas comenzó a ser objeto de discusión dentro de las esferas sociales y políticas de nuestro país. Políticas de prohibición, control y represión sobre el consumo y la producción de drogas en el país empezaron a ser planteadas por los congresistas de aquel tiempo, ganando popularidad y apoyo por diversos sectores de la población.
Anclados a una débil argumentación, el gobierno mexicano implementó la regulación del uso y tráfico de ciertas drogas, estableciendo que estas representaban un riesgo para la salud pública y, por efecto, terminaban por generar una supuesta “degeneración de la raza”. A la par de lo anterior, es de mencionarse que los Estados Unidos de América (EUA) habían endurecido sus políticas referentes a similares temas, como lo fue la referente al alcohol, estableciendo prohibiciones y penas significantes para los consumidores y distribuidores.
Tanto la propaganda realizada bajo la equívoca idea de que las drogas “empeoraban y denigraban la raza”, así como la influencia, en cierto grado, comercial y política de EUA en ese entonces, se abrió paso a la expedición del “Código Penal para el Distrito y Territorios Federales” de 1931. Compendio legal en el cual se estableció expresamente la prohibición a las drogas en territorio mexicano, enfatizando el daño y el “degenere de la raza” que supuestamente causaban en la sociedad. Prueba de lo anterior es su articulado contenido en el Título Séptimo, alusivo a Delitos Contra la Salud, en el cual nos podemos encontrar con lo siguiente: “ Artículo 194. Se impondrá prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a cinco mil pesos: [...] III. Al que lleve a cabo cualquier de los actos enumerados en las fracciones anteriores, con opio “cocinado” o preparado para fumar o con substancias preparadas para un vicio de los que envenenan al individuo y degeneran la raza , que hayan sido motivo de declaración expresa por leyes o disposiciones sanitarias.”
Sin existir sustento científico que acreditara “degeneración” alguna, el gobierno mexicano terminó por controlar y castigar arduamente la actividad comercial de las drogas, trayendo como consecuencia la imposición de una política prohibicionista dentro de un país donde no había evidencia suficiente que permitiera acreditar o establecer que las drogas representaban un significante problema de salud pública.
Apartado de lo anterior, durante el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el gobierno optó por implementar una política menos rigurosa para las drogas. La línea de las políticas públicas de ese sexenio apuntaba a considerar a los consumidores de droga como personas enfermas y no como criminales. Bajo esa tesitura, el presidente impulsó programas controlados de distribución de sustancias sicotrópicas, así como de asistencia médica.
Si bien los resultados de estos programas fueron positivos y trascendentales, como el haber podido sustraer del mercado negro a un número importante de consumidores para posteriormente incorporarlos a un sistema de distribución gubernamental más seguro, éstos no acabaron de convencer a EUA.
A tan sólo cuatro meses de su implementación, EUA criticó severamente el actuar del presidente en cargo y optaron por presionar, de manera comercial, al gobierno mexicano, logrando que éste regresase a la política prohibicionista.
Como efecto de lo anterior, para el año 1947 las penas en la materia se fortalecieron e incrementaron, argumentando el gobierno mexicano que: (i) con esto se daba respuesta a sus obligaciones como país perteneciente a una comunidad internacional y (ii) su ímpetu de colaboración con sus similares al margen de la diplomacia.
Los compromisos internacionales a los que México está sujeto fueron reformulados con la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y el Convenio sobre Substancias Sicotrópicas de 1971, los cuales, más que establecer la obligación de los países a regir de manera prohibicionista las drogas, buscan la regulación comercial de éstas a nivel internacional y, en cierto modo, la atención clínica de los usuarios a cargo del gobierno.
La prohibición actual y sus fallas
En los últimos años, las políticas de prohibición de las drogas han venido demostrando su ineficaz existir y su poca actualización frente a las nuevas exigencias y retos de la sociedad mexicana.
Estas políticas se fundamentan en argumentos y razonamientos sin sustento en la evidencia científica, resultando en normas y leyes represivas que acaban por vulnerar los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Un ejemplo sería el derecho a la salud, el cual ha sido utilizado de manera equivocada por los anteriores gobiernos para el establecimiento de compendios legales que, más allá de velar por la salud del individuo, buscan limitar su facultad de acceder a tratamientos y/o medicamentos derivados de ciertas drogas, tales como la marihuana, los cuales pueden representar un cambio benéfico para su salud y persona.
En correlación con esto, esta clase de políticas han encaminado a que nuestro territorio mexicano sea ruta de tráfico ilegal de diversas sustancias sicotrópicas, desencadenando una ola de violencia que no deja de abrazar a la sociedad mexicana y que implica costos muy altos, tanto sociales como económicos para el país.
La prohibición a las drogas ha provocado la conformación y multiplicación de grupos delincuenciales a lo largo de la República Mexicana, los cuales encuentran financiamiento a espaldas de la ley por medio de la realización y diversificación de actividades relacionadas al consumo y tráfico de drogas. Esta problemática ha incrementado con el paso de los años y creó que el pueblo mexicano pidiera a gritos una respuesta por parte del gobierno a tan deplorable situación.
Administraciones pasadas erróneamente consideraron que la mejor manera de atender este ambiente violento era por medio (i) del fortalecimiento de la política prohibicionista y (ii) del combate crudo, rudo y severo contra los grupos delictivos.
Ejemplo de lo anterior es la errónea política de drogas impulsada a fines de 2006, en la cual el presidente y el gabinete de seguridad del gobierno federal unieron fuerzas para iniciar una inútil y desgastante “guerra” contra el narcotráfico, de la cual sus resultados y efectos han sido ampliamente negativos, costando la vida de muchos mexicanos.
De acuerdo con Human Rights Watch, organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, en el periodo de 2006-2012: (i) más de 60 mil personas murieron a causa de la “guerra” contra el narcotráfico y (ii) más de 26 mil desaparecieron por la misma causa, concluyéndose que las políticas implementadas por el gobierno federal, de ese momento, sólo empeoraron el ambiente de inseguridad dentro de la República.
Asimismo, de una lectura rápida del documento La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida ( The war on drugs in Mexico: a lost war ), nos encontramos con que la rigurosa política prohibicionista y el combate contra el narcotráfico trajo como efecto la creación de nuevos grupos delictivos. Para 2006, se tenía registrado que sólo 6 organizaciones controlaban en mayor parte el mercado de las drogas, sin embargo, una vez iniciada la famosa “guerra”, el número aumentó a 8, lo cual trajo como consecuencia directa que la administración pública federal y local destinara una mayor cantidad de recursos para el combate y erradicación de estas agrupaciones delincuenciales.
El aumento de estas bandas delincuenciales evidencia con meridiana claridad la ineficacia de las actuales políticas públicas en materia de tráfico y consumo de drogas. Como es del conocimiento general, los grupos criminales encuentran una vigorosa fuente de financiamiento en la comercialización de sustancias sicotrópicas, debido a que, por ser considerada una actividad ilegal, pueden incrementar el valor del producto de acuerdo con su voluntad e incluir una estimación de riesgo que termina por influir en el precio final.
Es entonces que, al contar los grupos delictivos con una recurrente y fuerte fuente de ingresos de la cual controlan los valores pecuniarios, como lo es el tráfico de drogas, estos se encuentran capacitados...
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