Informe sobre centros migratorios de Puebla y Tlaxcala. "Vidas en contención", derechos violados

AutorGabriela Hernández

PUEBLA, PUE.- Contrario a convenios internacionales, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular -que incluso México promovió en 2018-, donde se señala que la detención de migrantes debe ser utilizada sólo como "último recurso", las autoridades migratorias del país han puesto en práctica privaciones de la libertad generalizadas y masivas.

Estas violaciones a derechos de personas en tránsito por el territorio mexicano fueron documentadas por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ (IDHIE) y el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla en una investigación efectuada en campo, que dio lugar al informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias dePueblayTlaxcala.

Los académicos corroboraron que, aunque transitar por México sin documentos migratorios no es un delito sino una falta administrativa, las autoridades mexicanas privan de su libertad por periodos prolongados a personas migrantes, las incomunican, las hacinan en espacios precarios, insalubres y con alto riesgo de contraer covid-19; además las someten a entornos "torturantes" que vulneran sus derechos humanos.

La investigación ubica esto como parte de la política de contención migratoria que el propio presidente de Andrés Manuel López Obrador reconoció el 7 de septiembre de 2021. Además, relaciona este endurecimiento de medidas con las presiones que llevó a cabo la administración Donald Trump desde 2018, y que siguen vigentes con el presidente Joe Biden, para que México disuada la movilización de centroamericanos hacia Estados Unidos.

"Las vidas de esas personas se encuentran 'en contención' debido a que la política migratoria del Estado mexicano, de manera inequívoca durante la pandemia, se enfoca en controlar y contener flujos de personas en movilidades forzadas mediante la privación de la libertad con pocas certezas jurídicas, de manera prolongada, precaria y abusiva, o como parte de una estrategia de política disuasiva que desincentiva la protección internacional y que generalmente culmina en una expulsión de México", resume el informe.

Guillermo Yrizar Barbosa, responsable de Asuntos Migratorios del IDHIE, reclama a instituciones como las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, el Inmujeres, el DIF, los gobiernos estatal y local, que tengan un papel activo para intervenir ante las violaciones a derechos documentadas. También hizo un llamado a...

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