INE gatopardo
| Autor | Erubiel Tirado |
En la historia política del país no había ocurrido una reforma política supeditada a una agenda de otras prioridades del gobierno en turno. Producto de las modificaciones constitucionales al sistema electoral, el IFE muere para dar paso al Instituto Nacional Electoral (INE), heredándole vicios y virtudes (la proporción dependerá de las definiciones por venir). Al sistema de cuotas partidistas hegemó-nicas se suma la injerencia presidencial con su óptica centralista de la reforma. El resultado es preocupante y grave para el país: simulación y antidemocracia con un fuerte patrón de sometimiento político.
La integración y el desarrollo de los trabajos del llamado Comité Técnico de Evaluación, encargado de determinar la calidad de candidatos a consejeros electorales, muestran las novedades regresivas del sistema: clientelismo y patronazgo partidista y de intereses burocráticos forjados en los últimos lustros desde el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife).
En los últimos lustros, el IFE y el Trife forjaron un camino de inmunidades (o impunidades, según sea el caso) en un auténtico pacto no escrito con los partidos y los gobiernos federal y/o estatales. Lejos quedan las experiencias de un aparato electoral que demostró eficiencia en la organización procurando equidad en las contiendas y voluntad por dejar atrás un pasado de engaños y fraudes. La anulación de comicios de gobernador y las sanciones por financiamiento ilegal de campañas presidenciales, como Pemex-gate o Amigos de Fox, son ahora entele-quias o meras referencias prehistóricas de nuestra joven democracia institucional.
Un vicio de origen de la reforma comprende un conjunto claro de reglas no escritas y de pactos políticos que antaño fueron la norma de convivencia democrática por más de siete décadas. El primer signo de las nuevas componendas fue la creación del Comité de Evaluación que recién propuso a los diputados las listas de candidatos a consejeros. Las mismas fueron conformadas a partir de una convocatoria y reglas a modo dictadas, incluso, a contrapelo de las decisiones legislativas por un comité ad hoc que, según fuera el caso, operaba como corte marcial, jurado de examen profesional o tertulia para los predesignados.
Las reuniones del comité limitaron su protocolo al mero uso de recursos de la Cámara de Diputados: los encuentros fueron privados, sin convocatorias, agenda formalizada ni actas de sesiones y acuerdos. Su "apertura" máxima fue través de "Comunicados de...
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