Imposiciones aberrantes
| Autor | Héctor Tajonar |
En el contexto de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que México está plagado de incredulidad y desconfianza. Fue una confesión, no una rectificación, ya que volvió a sembrar suspicacia, duda e irritación con el nombramiento de Arely Gómez como procuradora general de la República y con su propuesta de que Eduardo Medina Mora figurara en una terna para ocupar la silla vacante en la Suprema Corte de Justicia. Ambos distan mucho de ser los personajes idóneos para ocupar cargos de tan alta responsabilidad. No obstante, comparten las dos características prioritarias que sustentan la decisión presidencial: fidelidad hacia el jefe del Ejecutivo y cercanía con Televisa.
Lo más grave del asunto es que la lealtad incondicional hacia Peña Nieto y sus vínculos con el consorcio de comunicación más poderoso del país cancelan la autonomía que debe tener el titular de la Fiscalía General de la República. Una de las principales razones para sustituir a la Procuraduría por una Fiscalía es, precisamente, que ya no dependa del presidente, menos aun de los poderes fácticos. Nada de eso parece preocupar al mandatario ni a los senadores. Sus propios intereses -siempre abiertos al trueque- están por encima del interés general. Es preciso poner un alto a la arbitrariedad.
La intolerancia hacia la genuina autonomía institucional prevaleciente en México es propia de los autoritarismos electorales, en los que una estructura gubernamental formalmente democrática es manipulada por prácticas autoritarias (Andreas Schedler, Authoritarianism's last line of defense, Journal of Democracy 2010). Ya sea mediante trampas jurídicas, cooptaciones partidarias o voluntarismo presidencial, esta regresión sabe cómo salirse con la suya para acotar y controlar a las instituciones autónomas surgidas del avance democrático.
Así ha ocurrido con la partidocracia y las cuotas que han dominado al IFE y ahora al INE a través de la alianza entre el PRI y el Partido Verde. No olvidemos que la llegada de Peña Nieto al poder fue en gran medida resultado de su alianza con Televisa y de una violación flagrante de los artículos 41 y 134 de la Constitución, ante el silencio cómplice del IFE y las sentencias exculpa-torias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que culminaron en la declaratoria de validez y de presidente electo. Dos años después, elTEPJF confirmó la resolución del IFE de que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos...
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