Implicaciones de la extradición de "El Chapo"
| Autor | Jesús Cantú |
A su vez, el artículo 11 de la Ley de Extradición Internacional, que aplica únicamente para el caso de los países con los que México no tiene tratado de extradición, señala que "cuando el individuo reclamado tuviese una causa pendiente o hubiere sido condenado en la República por delito distinto del que motive la petición formal de extradición, su entrega al Estado solicitante, si procediere, se diferirá hasta que haya sido decretada su libertad por resolución definitiva".
A estas dos disposiciones, la primera enteramente aplicable al caso de Guzmán Loera y la segunda simplemente como referencia, se deben la tajante negativa del exprocurador Jesús Murillo Karam de extra-ditarlo cuando el vecino país lo solicitó en enero de 2015, y la incoherente política de extradición de narcos que sigue el gobierno mexicano, el cual lo mismo concede que niega extradiciones.
Se pueden explicar tales variables en función de los relevos en la Presidencia de la República, de tal suerte que Felipe Calderón concedió las extradiciones de Sandra Ávila Beltrán, después de haber purgado una sentencia en México por otro delito; de Benjamín Arellano Félix, quien cumplía una condena de 22 años (de los que le quedaban pendientes 18); Vicente Zambada, hijo de Ismael El Mayo Zambada, sin que siquiera se le iniciara proceso en México; Osiel Cárdenas Guillen, en las mismas condiciones; Héctor Luis El Güero Palma, quien llevaba 12 años en las cárceles mexicanas sujeto a proceso, entre los más relevantes.
Pero el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto extraditó a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, en septiembre del año pasado (lo cual eventualmente podría explicarse porque él nació en Laredo, Texas y, por lo mismo, no es mexicano y no aplicaba el artículo 9 ya referido), pero junto con él extraditaron a otros 12 narcotraficantes mexicanos, entre los que se encontraba Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien fue el máximo líder del Cártel del Golfo y se encontraba preso desde 2012.
En este caso la única argumentación consistió en que fue el cambio de procurador lo que modificó la política de extradición del presente gobierno. La actual procuradora Arely Gómez, cuando se produjo la fuga del Chapo hace seis meses, sostenía que la solicitud de extradición acababa de llegar y que no les dio tiempo de procesarla. Y en diversas entrevistas que ha concedido tras la recaptura, al informar que una vez detenido se inició el trámite de la solicitud estadunidense, aunque no se...
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