La historia negra de Medina Mora
| Autor | Arturo Rodríguez García y Mathieu Tourliere |
Propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Medina Mora y el mandatario tiene un punto de convergencia que si bien designa una pequeña comunidad mexiquense, es el símbolo de la brutalidad policiaca y militar de la que ambos son responsables: San Salvador Atenco.
Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cuando en 2006 se lanzó el operativo policiaco-militar que devino en la muerte de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad; la detención de 207 habitantes de la comunidad; la expulsión de cinco extranjeros y las agresiones sexuales contra 26 mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la SCJN determinaron (recomendación 38/2006 y dictamen 3/2006, respectivamente) que en el operativo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Si bien señalaron a mandos medios y bajos de los dos órdenes de gobierno, establecieron que Medina Mora participó en la planeación del desalojo.
Así se inauguró el sexenio mexiquen-se de Peña Nieto y comenzaba el breve paso de Medina Mora por la SSP, que continuaría con el rompimiento del movimiento de los trabajadores siderúrgicos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 20 de abril de 2006, que resultó en la muerte de dos obreros.
Una vez más la SSP de Medina Mora se vio señalada por violaciones a los derechos humanos, luego de que la CNDH emitiera la recomendación 37/2006 por esos hechos.
Entonces pocos sabían que la Policía Federal Preventiva de la SSP estaba compuesta por efectivos de la Primera, Segunda y Tercera Brigadas de Policía Militar, que acudían a los operativos con uniforme de policía civil. Es decir, eran soldados disfrazados (Proceso 1662).
Fue también en febrero de 2006 cuando un siniestro en Pasta de Conchos, Coahui-la, mató a 65 mineros. Medina Mora dio carpetazo a la investigación, pues en 2008 rechazó la recomendación 64/2008, que determinó ejercicio indebido de la función pública y violaciones a diferentes garantías.
No fue el único caso de escándalo por sus omisiones. Por ejemplo, se le señaló por no ejecutar las órdenes de aprehensión contra los agresores de la periodista y activista Lydia Cacho; y él mismo admitió que a pesar de las denuncias, no investigó al tío de Peña Nieto y exgobernador mexiquense Arturo Montiel.
Destacan también sus posiciones respecto a la interrupción del embarazo. Luego de que la Asamblea...
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