Hacia la criminalización de los prostituyentes
| Autor | Marta Lamas |
Existen muy sólidas investigaciones que muestran trata y comercio sexual. Son dos cosas distintas. La postura calificada de "nuevo abolicionismo" las mezcla deliberadamente y, dado que no ha logrado terminar con la oferta de servicios sexuales, ahora enfoca sus baterías a la demanda, o sea, a los clientes, a quienes representa como los malos de la película: los prostituyentes criminales. Aunque no se puede establecer un perfil del cliente, caracterizado por una causalidad única, sino que hay una heterogeneidad de trayectorias, motivaciones y significados otorgados al acto de comprar sexo, según varios investigadores los tres móviles principales de los clientes son: a) la sexualidad recreativa, b) la soledad y c) la compensación de una vida de pareja insatisfactoria sexual-mente. La propuesta del PRI los mete a todos en el mismo saco: criminales.
En todos los países se distingue entre trabajo sexual voluntario y sexo forzado o trata; todos tienen estrictas leyes contra la trata y contra el trabajo sexual de menores, aunque en algunos países la edad para trabajar en comercio sexual son los 16 años. En varios países europeos los burdeles son legales y pagan impuestos. Pero los grupos neoabolicionistas, muchos de ellos financiados por USAID o por las iglesias, presionan para que sus gobiernos adopten el modelo sueco, ya que piensan que castigar la demanda de los clientes eliminará la oferta de las personas que hacen trabajo sexual.
El primer país que prohibió el comercio sexual y estableció una penalización contra los clientes fue Suecia. Por lo que, cuando se habla del modelo sueco, se trata justamente del esquema que penaliza a los compradores de prostitución. Este modelo tuvo su origen en el reclamo de un amplio sector del feminismo de ese país, que consideró que los hombres que compran sexo ejercen violencia contra las mujeres y perpetúan su subordinación. Estas feministas concluyeron que la prostitución era una herramienta de opresión y violencia utilizada para controlar a las mujeres, y se plantearon castigar a los hombres que compran servicios sexuales, al mismo tiempo que señalaron que las mujeres que los venden debían ser consideradas víctimas de la violencia masculina. Lograron que el Estado tomara cartas en el asunto, y en enero de 1999 entró en vigor la Ley que Prohíbe la Compra de Servicios Sexuales, pese a que distintas instancias gubernamentales (el Consejo...
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