Guerrero: las masacres que vienen
| Autor | John M. Ackerman |
El primer acto del nuevo gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo, inmediatamente después de tomar protesta de su cargo el pasado martes 27 de octubre en el Congreso estatal, fue organizar una vistosa reunión pública en el puerto de Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de la Marina, Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En esta segunda toma de protesta frente a quienes realmente mandan en la entidad se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para "reforzar la seguridad". Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX Región Militar, coordinador general de la nueva estrategia de total militarización de Guerrero.
La "nueva estrategia" de seguridad pública de Astudillo viola de manera flagrante el artículo 129 constitucional, el cual señala tajantemente que, "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". La jurisprudencia en la materia (por ejemplo, Tesis 38/2000) también es explícita al señalar que las fuerzas castrenses únicamente pueden trabajar en auxilio de las autoridades civiles, y nunca sustituirlas o suplir sus funciones constitucionales.
La estrategia ya ensayada en Michoa-cán, el Estado de México, Tamaulipas y Jalisco se traslada hoy a Guerrero. Astudillo no será más que una correa de transmisión, en realidad un "comisionado federal" más, para las órdenes emitidas desde la Ciudad de México. Estos lineamientos, a su vez, responden a los mandatos emitidos por las fuerzas armadas de Estados Unidos y los circuitos financieros internacionales. Guerrero ya no es digno de ser llamado oficialmente un "estado libre y soberano". A partir del 27 de octubre sería más correcto referirse a esta entidad como el "estado militar y subyugado de Guerrero".
Un día después del anuncio de Astudillo de su "nueva estrategia de seguridad pública", varios agentes federales ingresaron a la comunidad de Carrizalillo, del municipio de Eduardo Neri, junto al río Balsas, para aprehender al líder comunitario Roberto López García. Sin embargo, los pobladores no lo permitieron y detuvieron a dichos elementos bajo la acusación de que estarían trabajando bajo las órdenes del grupo criminal Guerreros Unidos.
A los ciudadanos de Guerrero les queda perfectamente claro de cuál lado se encuentran las autoridades en la lucha por la paz y la justicia en el estado. Frente a...
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