Guacamaya documenta la injerencia de la SEDENA. Desdén de la consejería jurídica a la CIDH
| Autor | Neldy San Martín |
"Urgente", se lee en el asunto del correo electrónico que se esparció como pólvora entre dependencias apenas el 15 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una carta al gobierno de México para pedirle información relativa a la eventual adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mostrando serias preocupaciones, de acuerdo con un correo electrónico que se encuentra entre los millones de documentos de la Sedena que fueron extraídos por el colectivo de hacktivistas Guacamaya. Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, reenvió la misiva a los titulares de la secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal como asunto "urgente", solicitando una respuesta del Estado mexicano a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH sobre la compatibilidad convencional y constitucional de un posible acuerdo como el que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado en su conferencia matutina del día 8 de ese mismo mes.
La CIDH alertó en el documento que una decisión de esa naturaleza contravendría los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.
La respuesta del gobierno mexicano, que también forma parte de los millones de documentos filtrados, no se hizo esperar. El 16 de agosto, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informó en el oficio 114/CFEJ/CACCC/CDL/227795/2022 que no era posible emitir un pronunciamiento porque el "tema sobre el que versa la solicitud (se) fundamenta en meras especulaciones". Sin embargo, mintió.
No sólo el presidente había hecho el anuncio público de que preparaba un acuerdo presidencial "para que, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa", sino que, un mes antes, la Sedena presentó a la Presidencia un plan A y un plan B para lograr ese objetivo.
De acuerdo con documentos hackeados a la Sedena, como publicó Proceso en su sitio web la semana pasada, la reforma a cuatro leyes secundarias en materia de Guardia Nacional, con las que la Sedena tomó el control operativo y administrativo de la corporación, tras ser aprobadas en el Congreso de la Unión, fue redactada por el Ejército.
Es común que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia sean el enlace con el Poder Legislativo para las reformas que interesan al gobierno, pero esta vez quedó al descubierto la injerencia militar en temas legislativos.
Lo anterior, pese a que es violatorio de la Constitución y de la ley. El artículo 71 de la Constitució...
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