El gran narcoñavadero de Yarrington
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.-Parte de la riqueza acumulada por Tomás Yarrington Ruvalcaba durante su gestión como gobernador quedó al descubierto en el proceso de divorcio del empresario Fernando Cano Martínez, uno de sus prestanombres, a quien, junto con el exmandatario, se investiga en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel del Golfo.
En la querella presentada el 12 de agosto de 2008, Sonia de Pau García, entonces cónyuge de Cano, pide que se repartan los bienes de Cano, que incluyen constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones, así como 3 mil 893 hectáreas, entre ranchos, terrenos rústicos y urbanos ubicados en la entidad.
En el expediente número 848/2008, presentado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar en esta ciudad, se incluyen 17 empresas de bienes raíces de Estados Unidos, supuestamente creadas por Cano, por medio de Adrián Gracia Martínez, otro prestanombres. Con ellas, según el documento, éste adquirió al menos 33 lotes y un condominio en la Isla del Padre, en Brownsville, y en otras localidades del condado de Cameron, Texas.
De Pau García alude a un terreno de 18.6 hectáreas en San Antonio, condado de Bexar, Texas, que Cano compró a través de la empresa Cantera Parkway Deve-lopment Partners of San Antonio, L.P., en 6 millones 650 mil dólares. Según la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió contra el empresario, la propiedad fue adquirida con dinero proveniente de sobornos que el crimen organizado pagó al exmandatario tamaulipeco.
En el expediente de divorcio se mencionan otros tres lotes de 179, 104 y 45 acres -132 hectáreas en total- que Cano compró en San Antonio a través de las empresas La Culebra y Cantera Parkway. También se hace referencia a la asociación con empresas estadunidenses y a inversiones en Mazatlán, Acapulco, Huixquilu-can y en la ciudad española de Barcelona.
En el documento se menciona a empresarios tamaulipecos, como Farough Fa-temi Corcuera, Gabriel Maldonado Puma-rejo, Eduardo Rodríguez Berlanga y Raúl Javier Morales Cano, incluidos en la lista de 46 personas sobre las cuales se giró una alerta migratoria a finales de enero pasado.
Asimismo, salen a relucir los nombres de exfuncionarios estatales, como el matamorense Pablo Zarate Juárez, director del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda Urbana (Itavu) en el sexenio de Yarrington y uno de los hombres más cercanos a él y al actual candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
En los registros contables de una de las empresas de Cano, siempre de acuerdo con el expediente 848/2008, consta que entre marzo de 2002 y julio de 2003 Zarate Juárez recibió más de 22 millones de pesos. Los comprobantes no indican el destino o razón de esos pagos.
Zarate Juárez fue director de la Policía Municipal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, entre 1991 y 1993; luego fue el encargado del operativo de la Policía Preventiva cuando Yarrington estuvo al frente de la alcaldía de Matamoros, justo en los tiempos en que Eduardo Costilla, El Coss, actual líder del Cártel del Golfo, era policía en esa corporación.
Después, el matamorense regresó a Atizapán para asumir la Dirección de Administración en el ayuntamiento mexi-quense que encabezaba Luis Felipe Puente...
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