La gota que derrame el vaso...
| Autor | Jesús Cantú |
En un primer momento el gobierno federal buscó mantenerse al margen y pretendió responsabilizar de la tragedia al gobierno del estado; a raíz de la presión nacional e internacional, tuvo que atraer el caso y hacerse cargo de las investigaciones, pero ante los nulos resultados decidió tramitar la licencia del gobernador perredista, Ángel Aguirre.
El sacrificio no cumplió su cometido, pues no sólo no contribuía en nada al avance de las pesquisas o a la localización de las víctimas, sino que parecía un intento para salvarlo de la acción de la justicia y así evadir sus responsabilidades políticas, administrativas y penales. Los familiares de los desaparecidos y la ciudadanía en general ignoraron la medida, intensificaron sus protestas y la inconformidad se extendió a otras entidades y países.
La inconformidad subió de tono: a la par que se multiplicaban las movilizaciones pacíficas, también empezó la toma de alcaldías, la destrucción de vehículos, los daños en los edificios públicos y otros desmanes, algunos claramente realizados por personas infiltradas.
En esa coyuntura, y en la víspera de un viaje internacional del presidente Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer que tres de los detenidos confesaron que habían asesinado, calcinado y arrojado a un río las cenizas del grupo de personas que les habían entregado los policías municipales de Iguala y de Cocula, con lo cual pretendía cerrar el caso.
Sin embargo, la declaración tampoco cumplió su cometido: los padres de familia de los desparecidos mantuvieron sus exigencias y Murillo Karam, en compañía del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo una nueva reunión con ellos el pasado martes 11, en la que el gobierno federal se comprometió a redoblar la búsqueda.
Así, cuatro días después de pretender cerrar el caso, al declararlos virtualmen-te muertos y culpar de la ejecución a los policías municipales de Iguala y Cocula y a los integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, decidió intensificar la búsqueda y mantener "todas las líneas de investigación abiertas".
Sin embargo, los titubeos y contradicciones de las autoridades responsables de las investigaciones y de la seguridad nacional son evidentes, además de que generan más descontento e inconformidad; por ello prefieren tolerar todos desmanes y actos vandálicos en diversas partes del país, y una y otra vez...
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