El gobierno de Peña Nieto, reprobado en el combate al lavado de dinero
| Autor | Mathieu Tourliere |
El sistema de combate al lavado de dinero en México tiene huecos tan profundos, que en 2016 las autoridades se incautaron apenas de 0.1% de los más de 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que generaron el narcotráfico, el fraude fiscal y otros delitos financieros. Tras 11 años de "guerra contra el narcotráfico" -en la que han sido asesinadas más de 200 mil personas-, el gobierno aún no golpea los bolsillos de los grupos criminales. De hecho, 98% de los delitos vinculados con lavado de dinero, que la Procuraduría General de la República (PGR) llegó a investigar en 2016, quedaron impunes.
Los narcotraficantes no son los únicos que aprovechan las deficiencias del sistema: políticos corruptos, criminales de cuello blanco y evasores fiscales recurren a los mismos métodos para insertar su dinero ilícito al circuito financiero legal, según informes recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -que este sexenio fue dirigida por Luis Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña- y la PGR son las principales responsables del fracaso. La primera no vigila adecuadamente a los operadores del lavado de dinero y la segunda no investiga, y menos castiga, a los criminales.
Un ejemplo: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la SHCP, cuenta con un equipo de apenas 16 personas para auditar a las más de 66 mil empresas y profesionistas cuyas actividades presentan un riesgo de blanqueo de capitales, como casinos, agencias automotrices, empresas inmobiliarias, joyerías y servicios de transporte. En los últimos tres años la institución inspeccionó a 118 de esos establecimientos, apenas 0.2%.
Entre los profesionistas que escapan en gran medida a la supervisión del SAT se encuentran los más de 4 mil notarios públicos, los cerca de 450 mil abogados y 600 mil contadores que trabajan en el país, mismos que, según un oficio que el propio gobierno federal entregó a la oficina para América Latina del GAFI, cumplen una función "fundamental" en el lavado de dinero.
"A veces el notario puede estar coludido con el prestanombres (por ejemplo cuando el notario registra decenas de empresas a nombre de la misma persona sin reportarlo)", señala el GAFI, el cual recordó que el SAT nunca ha revocado el permiso a un notario, aunque en 2016 detectó que 10 de ellos habían cometido más de 150 infracciones.
Según el "Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo", publicado por el organismo internacional el pasado miércoles 3, existen "serias deficiencias" en la identificación de los llamados "beneficiarios finales", es decir, los verdaderos dueños de las empresas y cuentas bancarias. Aprovechando estas fallas, los delincuentes utilizan intermediarios y presta-nombres para crear sociedades de papel y abrir cuentas que les permiten lavar dinero anónimamente.
Particularmente expuestas a ser utilizadas para lavar dinero, las sociedades de banca múltiple -que gestionan actualmente...
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